Pues serán peras o serán manzanas, pero ningún ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les había dicho a jueces federales y magistrados que han tomado como su patrimonio la impartición de justicia en nuestro país.
Les dijo: “La sociedad los percibe como miembros de una élite que protegen y preservan, denegando justicia a aquellos grupos a quienes históricamente les ha sido negada” ¿A cuántos jueces de distrito y magistrados les quedó el saco? De lo dicho en su primer informe de labores, el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea tuvo como testigo de honor al presidente de la República.
Cuando el ministro se refiere a los grupos a los que históricamente se les ha negado el acceso a la justicia, son aquellos que sus derechos están reconocidos en la Constitución. Pero eso es una cosa, y otra la realidad. El mérito del ministro presidente es que por fin llamó, a quienes practican la corrupción que por muchos años ha estado arraigada en el poder judicial de la federación y manejada, como patrimonio de jueces federales y magistrados.
Durango es un ejemplo de ello, donde ha habido prácticas de nepotismo. En México, decir que somos iguales ante la ley, es una utopía o una novela de humor negro. Para ejemplos de justicia denegada no es necesario cruzar el puente Dalila para conocerlos, aquí en nuestro estado tenemos hasta para exportar. Jueces federales y magistrados no se han cansado de dar fallos en contra de grupos vulnerables, como son los núcleos ejidales, víctimas de despojos por empresarios locales, compañías mineras nacionales y extranjeras.
Este despojo se ha dado con la complicidad de las autoridades de los órganos jurisdiccionales competentes. En Durango, desde hace más de 20 años existe un litigio porque la empresa Peñoles despojó a sus legítimos dueños, donde hasta este momento, siguen explotando una de las minas más ricas en oro que tenemos en la entidad.
A lo largo y ancho del país compañías mineras como las de Carlos Slim y canadienses les han quitado a particulares y ejidatarios sus tierras. Esto es una práctica común. Cuando los ejidatarios interponen recursos para reclamar sus derechos, los órganos competentes siempre fallan en su contra, y si ganan amparos, las compañías canadienses embargan las tierras de los ejidos.
¿Y sabe por qué? es un mito que somos iguales ante la ley, porque para tener acceso a la justicia en México se requieren recursos económicos y si no fuera por las remesas, las comunidades no serían pueblos fantasmas, serían cementerios.
Sin duda alguna, ya empezamos a creerle al ministro presidente porque ya inició a “barrer la casa” donde habita el poder judicial. Los jueces federales y magistrados tendrán que echar “sus barbas a remojar”. Varios de ellos, ya fueron destituidos o inhabilitados, con posibles sanciones administrativas y penales.
Ya no es posible, que por ejemplo en los tribunales agrarios se dé entrada a demandas en contra de ejidos por quienes sin tener interés jurídico o legitimación procesal activa pretendan despojarlos de la posesión que tienen de sus tierras por siglos y dotaciones presidenciales que los acreditan como sus dueños.
Sólo con magistrados honestos, y apegados a la ley, se dictarán sentencias justas para grupos vulnerables y así terminar con los despojos que se han hecho en varios ejidos de muestro Estado.
