La idea de Enrique Benítez Ojeda, de enviar una iniciativa al Congreso del Estado para reformar al Instituto Electoral de Participación Ciudadana, no es descabellada. Por una razón u otra, el IEPC seguido está en el ojo del huracán. No hace mucho, siendo presidente consejero Enrique Kato Rodríguez, tuvo señalamientos de gastar mucho y no hacer nada.
De ganar sus consejeros lo que ni Obama los ganaba. Lujos, celulares, vales de gasolina, viáticos, autos y camionetas último modelo, entre otros dispendios. Presupuestos anuales de más de 200 millones de pesos con el argumento: La democracia sale cara. Y la cereza del pastel: Kato Rodríguez se fue del Instituto sin justificar un faltante de 18 millones de pesos. Este tema está pendiente.
Gracias a la propuesta del diputado Antonio Ochoa, quien tiene la mira puesta en el distrito IV federal, echó a andar la maquinaria del IEPC. El diputado panista propone la castración química como castigo a violadores y pederastas. Suponemos de entrada, que Toño Ochoa quiere reformar el código penal del estado para que en lugar de sentencias de cárcel de 20 a 30 años de prisión, se les practique la castración química a los responsables.
En esta idea, Toño no está solo: El IEPC ya levantó la mano para organizar una consulta ciudadana al respecto. Las facultades de dicho Instituto, las encontramos en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Durango entre otros, el Artículo 10 donde se establecen los mecanismos vinculatorios de participación ciudadana. Lo mismo en el Artículo 23 de esta ley, que contempla iniciativas para proponer la creación, reformas o artículos, derogar ante el Congreso del Estado o Reglamentos de los ayuntamientos.
Hasta aquí, lo que dice la ley. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como se ven. La iniciativa de Antonio Ochoa, en el remoto caso de que sea aprobada en el Congreso, éste se estaría metiendo en serios problemas, al incurrir en posibles violaciones a la Constitución Federal.
Otro tema que se debe estudiar con mucho cuidado, es una posible violación a los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano. ¿Ya le midió el IEPC lo que le puede pasar si organiza esa consulta ciudadana? Sería una actitud irresponsable por parte de ese Instituto. De antemano el resultado lo sabemos ganaría el SÍ a cambio de posibles violaciones a normas Constitucionales y Derechos Humanos.
No creemos que esto llegue a suceder, pero suponiendo, sin conceder que esto sea cierto, los violadores o pederastas andarían libres gracias a la castración química. Como “ocurrencia” ahora que están de moda, nos parece un buen chiste de humor negro. Sería mejor que los diputados legislen en el tema de la reparación del daño, de las víctimas de violación.
Dicha reparación oscila entre 3,000 y 6,000 pesos. La violación que sufre una persona ningún dinero puede reparar el daño causado, por eso, las cantidades mencionadas nos parecen absurdas y ridículas y una ofensa a las víctimas y a los ofendidos. Que se hagan consultas ciudadanas sí, pero sin violar normas constitucionales y derechos humanos. Aprendan: La sociedad duranguense es noble, pero no tonta.
