Es terrible y grave para la salud de la democracia mexicana que el presidente use la mentira como forma de gobierno, y además que con desfachatez se ufane de decir que él es “un hombre de palabra”.
Y que por tanto, se puede confiar en su palabra, si lo que hace diariamente es aventar todas las mentiras que puede o medias verdades, como lo ha documentado Spin, el centro de análisis que dirige Luis Estrada desde hace cinco años, entonces, ¿cómo alguien en su sano juicio podría confiar en sus dichos?
Esto viene a cuento porque López Obrador les ha dicho a los trabajadores del Poder Judicial federal que es mentira que sus derechos laborales saldrán perjudicados por la desaparición de los fideicomisos, que justo hay que decir son complementarios a sus derechos laborales y protegidos por el artículo 123 de la Constitución, a la vez que mantiene la mentira de que son para uso exclusivo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No sólo miente a los trabajadores del poder judicial, sus dichos llevan el mensaje a sus seguidores de que los integrantes del poder judicial son una casta de privilegiados y que por ello hay que arrebatarles cualquier cosa parecida a su parecer a privilegios, y que al hacerlo con ello hace justicia social. Al final no podrán arrebatarle sus recursos porque esa reforma en última instancia es inconstitucional, pero se abona desde ahora en un tema de campaña por parte de Morena para convertir al poder judicial en el nuevo enemigo en la narrativa obradorista.
Bueno, se atrevió a decir que quienes se manifiesten o apoyen en sus justas demandas a los trabajadores del poder judicial cometen “pecado social”, ah pero les reitera que “confíen en mi palabra”.
¿Se puede confiar en la palabra de quien protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y a voz en cuello dice que “no me vengan con que la ley es la ley”?, ¿se puede confiar en la palabra de quien ha dicho un sinnúmero de veces que México tendrá un sistema de salud como Dinamarca y estamos justo en la peor crisis del sistema de salud y se han eliminado programas y recursos como los destinados a los niños con cáncer entre otros o que la ineficiencia y falta de estrategia causaron más de 600 mil muertes por Covid?
¿Se puede confiar en la palabra de un hombre que como presidente ha mantenido como mantra la “estrategia” de “abrazos y no balazos” para combatir la delincuencia y el resultado es que en su “gobierno” se han asesinado 169 mil mexicanos y hay más de 40 mil desaparecidos?, ¿se puede confiar en la palabra de López Obrador que dijo que en su gobierno la economía crecería al 6% el PIB y no se tiene como promedio ni el 1%?, ¿es confiable la palabra de López Obrador que dijo que respetaría al INE (como organismo constitucional autónomo) y ha mantenido una campaña de desprestigio, de ataques y de recortes presupuestales hasta buscar prácticamente su desaparición en una reforma legislativa fallida?
¿Tiene palabra el presidente que ha reiterado que no habrá aumento de impuestos y acaban de aprobar un alza del 200% a los rendimientos de los ahorradores mexicanos? ¿hay que creer en la palabra de López Obrador que dijo que ya había acabado la corrupción y que en su gobierno no había ya cuando el sólo fraude de Segalmex llega casi a los 15 mil millones de pesos y a Ignacio Ovalle, el ex director, su amigo y su ex jefe, lo mantiene protegido como funcionario en la Secretaría de Gobernación? ¿se puede confiar en la palabra del presidente que dijo que regresaría al Ejército a los cuarteles y no sólo no cumplió sino además los ha empoderado y les ha dado patrimonio de la nación bajo su administración como nunca nadie lo había hecho?
Y así podríamos continuar enumerando un caudal de mentiras y dichos que en resumidas cuentas la conclusión es que NO es un hombre de palabra, ¿por qué entonces los trabajadores del poder Judicial deberían de confiar en su palabra si la marca de la casa es la mentira y las medias verdades?
La verdad es que el dinero presupuestado originalmente desde el inicio del gobierno obradorista para programas sociales y la estrategia de que éstos son para mantener una clientela política para apoyo a su persona y votos para su partido-movimiento Morena no alcanzan, y eso que el SAT ha hecho su trabajo en la recaudación fiscal, pero si la economía no crece no hay entradas por cobro de los impuestos sobre la renta de los trabajadores y las empresas, por ello la desaparición de fideicomisos y programas desde el inicio del sexenio y ahora la autorización que le han dado los diputados gobiernistas (Morena-PT-PV) en la ley de ingresos para 2024, de una deuda 1.9 billones de pesos, una deuda que por cierto tapa una vez más la boca presidencial que reiteradamente ha dicho que en su “gobierno no se ha endeudado”.
Un presidente que desde el primer día del sexenio y cada mañana se empeña en mantener un discurso de odio y resentimiento, que toda la narrativa es para polarizar a la sociedad en una estrategia de mantener a sus seguidores con un discurso político de que están construyendo una nueva etapa histórica de nuestro país y que tiene una misión casi divina y haciéndose la víctima les dice que todos los ataques que recibe es por estar apoyando “primero a los pobres y quitando privilegios” alimentando así el resentimiento social, pero manteniendo la estrategia que históricamente todo gobierno autoritario ha mantenido como forma habitual de “hacer política”; lo que debemos evitar es que la sociedad vea esta forma de comportamiento presidencial como algo normal y por ello la responsabilidad de denunciar y desvelar las mentiras y medias verdades gubernamentales.
No sólo miente a los trabajadores del poder judicial, sus dichos llevan el mensaje a sus seguidores de que los integrantes del poder judicial son una casta de privilegiados.
