/ domingo 14 de agosto de 2022

Lo sorprendente sería lo contrario

Parafraseando al clásico: la amistad y el nepotismo se reflejan en la nómina. Para ser honestos, no sorprende el reportaje especial en dos canales de la televisión local con la firma del periodista Heber García Hernández. El asunto no es cosa menor, de ser cierto. Apuntábamos que no sorprende porque no es nada nuevo el problema de corrupción y nepotismo que históricamente ha vivido la Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango. Linduras como la venta y tráfico de plazas, aviadores de primera, segunda y de tercera, dependiendo de la cercanía con el secretario en turno.

Sin duda, la presunta corrupción y el nepotismo dado a conocer por el periodista son delitos tipificados tanto en el Código Penal, como en la Ley de las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Para ello, existen las instancias competentes que deben tomar conocimiento de los hechos. A mayor abundamiento: la ley establece que cualquier persona que tenga conocimiento de un supuesto delito debe denunciarlo ante las autoridades correspondientes, y si tales delitos fueran de los que se persiguen de oficio, la autoridad está obligada a iniciar la investigación que corresponda. Bueno, eso dicen nuestras leyes, pero en los hechos son otra historia. Se castiga más a quien se roba un pan que a quienes roban miles de millones de recursos que son públicos.

Suponemos que el mencionado reportaje es producto de una investigación periodística y no debería quedarse sólo como una anécdota más de los medios de comunicación. Según el reportaje, el sueldo del secretario de Educación es de 188,583.42 pesos; al año eso nos da 2 millones 256 mil pesos. ¿Dónde quedó eso que establece la Constitución de que nadie puede ganar más que el presidente de la República? Para eso están los juicios de amparo. Los ministros, magistrados, consejeros del INE, entre otros funcionarios públicos ganan más que López Obrador. Y nosotros los simples mortales, trabajamos toda una vida y no podemos comprar una casa de interés social o ir de vacaciones al pueblo mágico de Nombre de Dios.

Los datos dados a conocer en dicho reportaje deben de ser investigados por la autoridad competente. No se trata sólo de que mi hija, hijo, sobrino, ahijada o primo, cobren en la nómina de la SEED. Con el pretexto de que concursaron por una plaza, eso, “haiga sido como haiga sido”, se llama nepotismo. Ahora resulta, como sucede en la clase política mexicana, que justifican con el derecho humano de votar y ser votado sus conductas nepotistas.

Hay familias en México donde el esposo es presidente municipal y su esposa diputada local. Hermanos que se heredan los gobiernos de los Estados; matrimonios que manejan partidos políticos, y hacen a sus esposas candidatas a gobernadoras. No vaya tan lejos, aquí en Durango no cantamos mal las rancheras.

Todo lo dicho por el periodista debe de ser investigado, independientemente de si hay un supuesto delito o no, son recursos públicos, es decir dinero de nuestros impuestos y esa parte le corresponde a la sociedad. No queremos que se pretenda cubrir con una cortina de humo lo que está sucediendo en este momento en nuestra entidad. No deseamos tampoco que suceda lo mismo de siempre: se denuncia y no pasa nada. ¿Será que hay duranguenses de primera, segunda, tercera y cuarta…?

Parafraseando al clásico: la amistad y el nepotismo se reflejan en la nómina. Para ser honestos, no sorprende el reportaje especial en dos canales de la televisión local con la firma del periodista Heber García Hernández. El asunto no es cosa menor, de ser cierto. Apuntábamos que no sorprende porque no es nada nuevo el problema de corrupción y nepotismo que históricamente ha vivido la Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango. Linduras como la venta y tráfico de plazas, aviadores de primera, segunda y de tercera, dependiendo de la cercanía con el secretario en turno.

Sin duda, la presunta corrupción y el nepotismo dado a conocer por el periodista son delitos tipificados tanto en el Código Penal, como en la Ley de las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos. Para ello, existen las instancias competentes que deben tomar conocimiento de los hechos. A mayor abundamiento: la ley establece que cualquier persona que tenga conocimiento de un supuesto delito debe denunciarlo ante las autoridades correspondientes, y si tales delitos fueran de los que se persiguen de oficio, la autoridad está obligada a iniciar la investigación que corresponda. Bueno, eso dicen nuestras leyes, pero en los hechos son otra historia. Se castiga más a quien se roba un pan que a quienes roban miles de millones de recursos que son públicos.

Suponemos que el mencionado reportaje es producto de una investigación periodística y no debería quedarse sólo como una anécdota más de los medios de comunicación. Según el reportaje, el sueldo del secretario de Educación es de 188,583.42 pesos; al año eso nos da 2 millones 256 mil pesos. ¿Dónde quedó eso que establece la Constitución de que nadie puede ganar más que el presidente de la República? Para eso están los juicios de amparo. Los ministros, magistrados, consejeros del INE, entre otros funcionarios públicos ganan más que López Obrador. Y nosotros los simples mortales, trabajamos toda una vida y no podemos comprar una casa de interés social o ir de vacaciones al pueblo mágico de Nombre de Dios.

Los datos dados a conocer en dicho reportaje deben de ser investigados por la autoridad competente. No se trata sólo de que mi hija, hijo, sobrino, ahijada o primo, cobren en la nómina de la SEED. Con el pretexto de que concursaron por una plaza, eso, “haiga sido como haiga sido”, se llama nepotismo. Ahora resulta, como sucede en la clase política mexicana, que justifican con el derecho humano de votar y ser votado sus conductas nepotistas.

Hay familias en México donde el esposo es presidente municipal y su esposa diputada local. Hermanos que se heredan los gobiernos de los Estados; matrimonios que manejan partidos políticos, y hacen a sus esposas candidatas a gobernadoras. No vaya tan lejos, aquí en Durango no cantamos mal las rancheras.

Todo lo dicho por el periodista debe de ser investigado, independientemente de si hay un supuesto delito o no, son recursos públicos, es decir dinero de nuestros impuestos y esa parte le corresponde a la sociedad. No queremos que se pretenda cubrir con una cortina de humo lo que está sucediendo en este momento en nuestra entidad. No deseamos tampoco que suceda lo mismo de siempre: se denuncia y no pasa nada. ¿Será que hay duranguenses de primera, segunda, tercera y cuarta…?