/ viernes 13 de septiembre de 2019

Los CADI entre el poder y los intereses políticos

El sistema de los CADI está lleno de historias, las que un día conoceremos, sin lugar a dudas. Durante mucho tiempo, este modelo educativo ha sido exitoso, pero como sus orígenes vienen de un partido político, tarde o temprano el proyecto tenía que contaminarse, como así ha sucedido.

En los medios nacionales se dio a conocer cómo los fundadores de dicho sistema, el PT, han manejado presupuestos millonarios durante muchos años, los cuales ingresaban directamente a las cuentas bancarias personales de sus dirigentes, claro, con el conocimiento de las autoridades de manejar los recursos públicos.

El éxito de este modelo educativo no está a discusión. Lo que sí, es que autoridades educativas lo dejaron crecer y en el pecado llevaron la penitencia. Permitieron entre otras cosas, que no se cumplieran las normas y las reglas de operación como son las claves que exige la Secretaría de Educación para dar la validez oficial a dicho sistema educativo.

Pero lo más grave, un partido político manejó de manera directa los recursos públicos con fines electorales para tener senadores de la república, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y regidores.

Detrás de los CADI se esconden las historias del poder y las complicidades. Mientras esto funcionó para las partes no hubo problemas, pero como dice la canción, nada es eterno en el mundo y, mucho menos, los acuerdos entre quienes ejercen el poder.

Aquí en Durango ya es costumbre que todos los años por una u otra razón, los CADI estén en disputa y las víctimas son los maestros, trabajadores administrativos, los padres de familia, y los más de ocho mil niños y adolescentes inscritos en el sistema.

Año con año es lo mismo, el Gobierno del Estado dice que es un problema de competencia federal, lo cual es cierto, aún así aporta su parte en el tema financiero, pero no está en sus manos darle una solución definitiva.

También es cierto que los maestros y sus familias tienen problemas por las quincenas que se les adeudan. Podemos imaginar la angustia de los padres de familia por el daño que se les causa a sus hijos, derivado de esta situación.

Por otra parte, el dueño del PT experto en chantajes, utiliza a los maestros y alumnos para lograr sus objetivos: Seguir teniendo poder político.

Eso es, entre otras cosas, la disputa por los CADI. Las partes involucradas están obligadas a dar una solución de una vez por todas a este problema o al menos, así lo espera la sociedad.

Y ya que hablamos de mujeres y traiciones, como diría Martín Urieta, sería bueno que alguien nos aclarara a quién le pertenecen las escuelas donde se imparten las clases de los CADI. ¿Son de Gonzalo Yáñez? ¿Del PT? ¿Del Gobierno Federal o del Estatal? De esto poco se habla, pero alguien tiene que ser el dueño de estas propiedades ya sea el gobierno del estado, de un particular o de un partido político.

Por ejemplo: ¿Quién pagó lo que era antes el Colegio del Bosque? ¿De la propiedad ubicada en tapias donde ahora funciona un CADI? Alguien tuvo que vender y alguien compró estas propiedades.

¿Existirán los datos en el Registro Público de la Propiedad? Esto también forma parte del problema y la sociedad de Durango tiene derecho a saber a quién le pertenecen las escuelas donde operan los CADI.

El sistema de los CADI está lleno de historias, las que un día conoceremos, sin lugar a dudas. Durante mucho tiempo, este modelo educativo ha sido exitoso, pero como sus orígenes vienen de un partido político, tarde o temprano el proyecto tenía que contaminarse, como así ha sucedido.

En los medios nacionales se dio a conocer cómo los fundadores de dicho sistema, el PT, han manejado presupuestos millonarios durante muchos años, los cuales ingresaban directamente a las cuentas bancarias personales de sus dirigentes, claro, con el conocimiento de las autoridades de manejar los recursos públicos.

El éxito de este modelo educativo no está a discusión. Lo que sí, es que autoridades educativas lo dejaron crecer y en el pecado llevaron la penitencia. Permitieron entre otras cosas, que no se cumplieran las normas y las reglas de operación como son las claves que exige la Secretaría de Educación para dar la validez oficial a dicho sistema educativo.

Pero lo más grave, un partido político manejó de manera directa los recursos públicos con fines electorales para tener senadores de la república, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y regidores.

Detrás de los CADI se esconden las historias del poder y las complicidades. Mientras esto funcionó para las partes no hubo problemas, pero como dice la canción, nada es eterno en el mundo y, mucho menos, los acuerdos entre quienes ejercen el poder.

Aquí en Durango ya es costumbre que todos los años por una u otra razón, los CADI estén en disputa y las víctimas son los maestros, trabajadores administrativos, los padres de familia, y los más de ocho mil niños y adolescentes inscritos en el sistema.

Año con año es lo mismo, el Gobierno del Estado dice que es un problema de competencia federal, lo cual es cierto, aún así aporta su parte en el tema financiero, pero no está en sus manos darle una solución definitiva.

También es cierto que los maestros y sus familias tienen problemas por las quincenas que se les adeudan. Podemos imaginar la angustia de los padres de familia por el daño que se les causa a sus hijos, derivado de esta situación.

Por otra parte, el dueño del PT experto en chantajes, utiliza a los maestros y alumnos para lograr sus objetivos: Seguir teniendo poder político.

Eso es, entre otras cosas, la disputa por los CADI. Las partes involucradas están obligadas a dar una solución de una vez por todas a este problema o al menos, así lo espera la sociedad.

Y ya que hablamos de mujeres y traiciones, como diría Martín Urieta, sería bueno que alguien nos aclarara a quién le pertenecen las escuelas donde se imparten las clases de los CADI. ¿Son de Gonzalo Yáñez? ¿Del PT? ¿Del Gobierno Federal o del Estatal? De esto poco se habla, pero alguien tiene que ser el dueño de estas propiedades ya sea el gobierno del estado, de un particular o de un partido político.

Por ejemplo: ¿Quién pagó lo que era antes el Colegio del Bosque? ¿De la propiedad ubicada en tapias donde ahora funciona un CADI? Alguien tuvo que vender y alguien compró estas propiedades.

¿Existirán los datos en el Registro Público de la Propiedad? Esto también forma parte del problema y la sociedad de Durango tiene derecho a saber a quién le pertenecen las escuelas donde operan los CADI.