Sería conveniente que el PAN, partido que amparó la llegada de ambos gobernantes, se pronunciara al respecto y así tratar de evitar mayores daños, de lo contrario nuevamente los duranguenses podrían ser los perjudicados.
Los escenarios de confrontación política generan no únicamente que se agrande el descrédito de los servidores públicos ante la sociedad, sino que se descuiden los objetivos primigenios de los gobernantes de atender las necesidades de la población, y se alejen oportunidades para alcanzar el desarrollo del estado.
Durango no se merece que en aras de pleitos políticos, que en ocasiones son hasta personales, pasen a segundo término de los gobernantes los proyectos de infraestructura que por años los duranguenses han anhelado.
Y lo peor es que ello se refleje en una inestabilidad política, económica y social, que a la postre desalentaría la llegada de inversiones, por más esfuerzos que se hicieran por atraerlos.
Es un secreto a voces, que se ha evidenciado con varios frentes de lucha, el choque soterrado y abierto que escenifican los gobiernos de José Rosas Aispuro Torres y el de José Ramón Enríquez, que del nivel político, ha pasado al enfrentamiento de sus respectivas administraciones por obras y acciones públicas.
Esa polarización de conductas y posturas, alentadas por filias y fobias personales y de grupo, que se transmiten a sus respectivos ámbitos de actuación, ocasionan el descuido a sus funciones legales, voluntaria o involuntariamente, de quienes ejercen en la administración pública en uno u otro bando, al verse inmersos en desavenencias de superiores jerárquicos.
Y la “bronca” no es invención de unos cuantos, ni menos “fake news”, ya que es “la comidilla” del día en todos los corrillos políticos de Durango, alentada por sucesos polémicos de la vida pública endilgados a tal escenario de riña.
La clausura mediática, más que en los hechos, de la obra del puente elevado en el bulevar Francisco Villa, bajo el burdo argumento de cuidar el medio ambiente y la masa arbolada que se afectará, es una muestra clara de la escaramuza política, y que indudablemente arrastra a servidores públicos, pero también a sectores de la sociedad que se han manifestado en pro y en contra.
En radio pasillo, pero también en los cafés, los politólogos atribuyen la clausura ejecutada por el Juzgado Municipal, a una reacción escondida del presidente municipal, José Ramón Enríquez, al proceso sancionatorio en su contra que se da en el Congreso del Estado, en seguimiento a sentencias emitidas por el Tribunal Electoral, por supuestas violaciones cometidas por el alcalde en la publicitación de acciones en temporada de elecciones constitucionales.
De manera pública, el juez municipal, Ernesto Aguilar García, declaró a Canal 12, que la actuación de los diputados es un intento por inhabilitar la pretendida reelección de Enríquez en el gobierno municipal, y cortarle de tajo el proyecto de buscar posteriormente la gubernatura.
En lo corto, se responsabiliza al titular del Ejecutivo estatal, de promover el trámite legislativo, que puede aterrizar en inicio de juicio político, cuando el fallo viene de otro órgano jurisdiccional.
El obstaculizar la construcción del puente, considerada como una de las obras emblemáticas del actual Gobierno del Estado, es una reacción al proceso legislativo que se desarrolla en contra del edil, según coinciden los que saben leer los entramados de la política.
Otra señal de la querella política, es que la instancia estatal que otorga los vistos buenos a los estudios ambientales de las obras públicas, advirtió que la Ciudad Gobierno, que el municipio proyecta edificar, no cuenta aún con tal aval.
De acuerdo a los observadores que analizan los escenarios de crisis política, sería conveniente que el PAN, partido que amparó la llegada de ambos gobernantes, se pronunciara al respecto y así tratar de evitar mayores daños, de lo contrario nuevamente los duranguenses podrían ser los perjudicados.
Y ello porque se han dado situaciones de enfrentamiento colaterales, que aunque a simple vista no parecen ser parte de las “diferencias” antes mencionadas, los especialistas creen que si se originan en la batalla política actual:
A mitad de semana, Brian Parra Luna, denunció haber sido golpeado por el dirigente de la FEUD, Fabián Arrieta y el hermano de éste, Fausto. Interpuso de manera formal la queja ante la Fiscalía General, que según la titular, inició de inmediato las averiguaciones y búsqueda de los supuestos responsables de la agresión.
Aunque estudiantil, la gresca se registra en medio de la elección por la Rectoría, escenario en el que han intervenido, según denuncia del candidato Jorge Cisneros, funcionarios públicos, entre ellos el jefe de la Comuna.
La Dirección de Comunicación Social de la UJED, emitió comunicado de condena, y anunció que sancionará conforme a la normatividad universitaria, a quienes la autoridad competente responsabilice de la agresión de Brian Parra.
Los aspirantes a la Rectoría, tendrán que modificar su estrategia de allegarse las simpatías de los 200 delegados de la comunidad estudiantil con derecho a voto, ya que al parecer el actual dirigente, como presunto responsable de haber golpeado a un estudiante, ya es requerido por el Ministerio Público. Y no sería redituable negociar con él los sufragios de manera corporativa.
La polarización política, genera posturas extremas, todo es negro o blanco, lo que podría enturbiar el proceso universitario, pero también la vida pública en Durango.
