EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN MEXICANO
La reforma constitucional que creo a el sistema nacional anticorrupción en el mes de mayo de 2015, abría la puerta y las esperanzas de México para comenzar a atajar ese complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia, castrado nuestra economía, profundizado la desigualdad social, incrementado la violencia y minado la confianza ciudadana en las instituciones.
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, finalmente materializaba la aspiración de construir un instrumento operativo de las nuevas normas de responsabilidades que requerían ser diseñadas bajo nuevas premisas de denuncias, investigación, sanción, corrección y resarcimiento del daño, y bajo de este enfoque, el Sistema Nacional Anticorrupción debería de establecer las bases para la organización, operación y coordinación del sistema, así mismo, habría de definir competencias y atribuciones para diseñar, poner en marcha, evaluar y reportar a la sociedad sobre los avances de la política nacional anticorrupción, sin embargo esto no fue así…
El Sistema Nacional Anticorrupción nació cojeando y no quisiera decir muerto, porque su esquema era limitado y sus facultades insulsas, comprometidas, magras, insolventes, insolubles y lo que es peor, ilegítimas y sin dientes; Eso a nivel nacional, mientras que aquí en Durango, la Fiscalía Anticorrupción presentó luego de su nacimiento, una propuesta que cuando surgió se escuchaba utópica, dicha iniciativa buscaba contar con sus propios ministerios públicos, invadiendo la esfera de la Fiscalía General de Justicia, aunque en realidad, la idoneidad de la fiscalía anticorrupción era esa, la absoluta autonomía de los poderes ejecutivo y legislativo, lo cual – debe decirse – aún no se ha logrado al cien por ciento, sin embargo, dicha Fiscalía ya cuenta con sus propios agentes del Ministerio Público y las investigaciones que realiza son independientes y ciertamente su relación con los órganos jurisdiccionales no pasa por la Fiscalía General de Justicia, en tal sentido, la confianza de la ciudadanía se ha mantenido en la actuación de dicha Fiscalía, a quien se le ha multiplicado el trabajo por dicha confianza, esperemos que no se defraude esa confianza y termine con el prestigio por los suelos como la misma Fiscalía.
Pero ¿cuándo se llegara a la absoluta autonomía dentro del tema del combate a la corrupción?, pues la verdad no se sabe o por lo menos yo no sé si verdaderamente se puede llegar a eso, porque los recursos no alcanzan y son limitados, mucho más ahora, en un escenario en el que Durango fue sacudido por una administración estatal (la anterior a la actual) que se robó hasta el papel de baño de las instituciones.
Para nadie es un secreto, que la corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y el crecimiento de cualquier país, en México la corrupción que genera mayor malestar entre la población es aquella que contribuye a la impunidad, porque la impunidad alienta a la violencia y por ende fortalece un fenómeno llamado inseguridad, un tema que hoy por hoy, le duele a la sociedad mexicana, en la que el número de desaparecidos en nuestro país continúa a la alza, al grado que actualmente las cifras son inaceptables para cualquier país con un estado de derecho basado en una democracia, un país que ocupa el décimo lugar en Latinoamérica en cuanto a los feminicidios.
Desafortunadamente podemos medir la corrupción en las instituciones del Sistema Judicial en México, analizando el porcentaje de sentencias contra el número de delitos que se denuncian ante las instancias encargadas de brindar el seguimiento de las averiguaciones previas ó carpetas de investigación, en donde las sentencias no llegan a un doble dígito, es decir, no llegan ni al 10%, lo que genera una gran desconfianza en la administración pública de gobierno, no solamente vulnera la credibilidad de las instituciones del sistema judicial, sino la de todas las instituciones del gobierno en general.
Pero lo anterior es el costo social más alto de la corrupción, sin embargo, el costo económico más alto no está en el sector social sino en el ámbito financiero, es decir, en el sector privado, en donde la corrupción en México (de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la corrupción implica pérdidas económicas equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que implica que por cada $100 pesos que la economía mexicana genera como riqueza, $10 pesos son destinados a la corrupción.
Tan solo en el sector industrial, muchas veces se paga por atajar la enorme tramitología que existe (México es uno de los países con mayor número de trámites para invertir) empero, el problema es que ese pago no solamente implica evitar la pesada carga de trámites, implica también pasarse por el arco del triunfo muchas prohibiciones y una de las consecuencias de este nefasto dúo (corrupción – inversión) es la necesidad de recuperar ese costo (el del pago de la corrupción) que no se presupuesta en ninguna obra, pero que no puede convertirse en un pasivo, en una pérdida, así que los industriales y empresarios, fijan sobreprecios ó en lugar de colocar cierto material de calidad en cada obra, le aplican otro más barato, recuperando el costo de la corrupción.
Al margen de lo anterior, la corrupción genera desconfianza en el ámbito político, vulnera la credibilidad en la democracia, sobre todo en los Partidos Políticos, legisladores y funcionarios de la administración pública de los tres poderes y los tres ámbitos de gobierno, condiciona el contacto con autoridades de seguridad pública y sujeta procesos jurídicos de tipo laboral, mercantil y penal, en suma, es una de las enfermedades más crónicas, endémicas y sistémicas que convoca el cáncer social que actualmente representa la corrupción.
