La proposición de ley de amnistía española, en camino de convertirse en ley tras su aprobación en el Congreso en diciembre, provocó que en las últimas semanas del 2023 que miles de personas hayan salido a la calle para protestar por la ley que otorga un indulto general a cientos de políticos, funcionarios y ciudadanos de a pie implicados en el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña en octubre de 2017 y una mayoría de los españoles está en contra de ella.
A pesar de esta situación, la proposición de ley de amnistía a los encausados del proceso independentista catalán se espera que quede definitivamente aprobada en abril o mayo; después, quedará en manos de los jueces.
Países europeos como España, Portugal, Francia, Italia o Croacia, entre otros, han aprobado leyes de amnistía en las últimas décadas y con diferentes propósitos, que van desde la reducción del exceso de población carcelaria a la solución de conflictos políticos o armados.
En España, la Ley de Amnistía que entró en vigor el 17 de octubre de 1977 fue la primera norma aprobada por un Congreso elegido democráticamente desde el final de la Guerra Civil y pretendía reparar a las víctimas de la dictadura franquista que gobernó ese país de 1939 a1975.
La amnistía recibió el voto favorable de casi todas las fuerzas parlamentarias, solo dos votos en contra y la abstención de Alianza Popular, formación política predecesora del Partido Popular.
La ley, que supuso la puesta en libertad de los presos políticos, amnistiaba todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas cometidos antes del 15 de diciembre de 1976 -fecha en la que fue ratificada en referéndum la Ley para la Reforma Política- e incluía los delitos de rebelión y sedición.
La amnistía es el instrumento mediante el cual se concede el perdón por la realización de actos delictivos a aquellas personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que tiene como efecto la extinción de las acciones penales y sanciones impuestas.
Con esta ley, se busca que recuperen la libertad y se reintegren a la sociedad quienes hayan cometido delitos contra la salud ejecutados bajo alguna situación de vulnerabilidad; los cometidos por personas indígenas que durante su proceso no hayan contado con intérprete o defensor en su lengua y cultura; robo simple y sin violencia; por sedición, es decir, el levantamiento de personas sin uso de armas por cuestiones políticas, y aborto.
Muchos analistas y políticos, principalmente de la derecha, han sostenido que la amnistía debilita el Estado de derecho en España e incluso pone en peligro la democracia del país, sobre todo si se considera que gran parte de la indignación
se debe a cómo se produjo el acuerdo sobre la amnistía, al romper el acuerdo de campaña y para asegurarse la mayoría en el Congreso tuvo que cambiar sus promesas de que no habría una amnistía general, a pesar de que había indultado a nueve separatistas catalanes en 2021.
A pesar del halo de oportunismo político que rodea el acuerdo de amnistía de Sánchez, se trata de un intento audaz y valiente de poner fin a la crisis catalana y ofrecer una salida del impasse perjudicial en que se encuentra España, al tiempo que atestigua el papel positivo que las amnistías pueden desempeñar en las democracias.
Hoy, la amnistía puede ser una opción con la que puedan contar los dirigentes políticos a la hora de afrontar momentos de crisis, porque entonces se favorece la paz y la reconciliación, y es entonces que España puede dar su propio ejemplo.
