Cuando parecía que habían ya pasado acontecimientos que ensombrecieron a la humanidad, en los que el ser humano recibió trato de cosa, por ser desposeído de su dignidad y de sus derechos, ahora, en pleno siglo XXI, se vive una nueva esclavitud: La trata de personas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un protocolo contra la trata de personas. Este delito se compone de una pluralidad de conductas, como el reclutamiento o transferencia que se hace de personas, por medio de la amenaza, uso de la fuerza u otros medios de coerción, para tener el control de una persona con fines de explotación, que puede ser sexual o de otro tipo y llegar hasta la esclavitud o la extracción de órganos.
Pues bien, en México hay lugares en los que se ha “normalizado” la explotación sexual de mujeres, en concreto, de niñas, y no por redes delincuenciales que operan a nivel internacional, sino por los propios familiares.
Hay investigaciones que demuestran que, a pesar de los avances que se han tenido en algunos aspectos en materia de derechos humanos, hay niñas que son venidas como si fueran cosas, privándolas de su dignidad y de sus derechos de los que son titulares.
Con tristeza se da lectura a reportajes realizados en los que dan cuenta de cómo familiares, el padre, el abuelo, entre otros, “venden”, a su hija o nieta, respectivamente, como si fueran cosas, a cambio de una suma de dinero. Precisamente, hace unos días en un prestigiado medio de comunicación salió una noticia: “A las mujeres las compran como ganado”, y realmente es desgarrador que pase eso en nuestro país.
Es sabido que algunos municipios son conocidos mundialmente por dedicarse a esa actividad, y hay actitudes incomprensibles de las autoridades. Recuerdo como una organización presentó una solicitud para emitir Alerta de Violencia de Género, en 2016, en 13 de 60 municipios de Tlaxcala, y la Secretaría de Gobernación de ese entonces, consideró que “no se actualizaban elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género”.
Se deben combatir esas conductas de proxenetas y no permitir que se “normalicen” dichas situaciones, pues a final de cuentas disfrazan, maquillan o encubren conductas delictivas, que pueden actualizar el tipo penal al que me he referido u otros que también atentan en contra de los bienes jurídicos de las personas.
Algunas autoridades que han tenido que lidiar con ese tipo de problemas, con tal de evitar que se esparza la noticia de que en tal o cual municipio de su entidad federativa hay comercio sexual de niñas, cambian de tipo penal para evitar el escándalo, y lo peor del caso es que se desentiendan y toleren esas conductas ilícitas.
Cuando se trata de poderosas redes de trata de personas se debe llegar hasta las últimas consecuencias con los delincuentes y sancionarlos, aplicarles, por ejemplo, la extinción de dominio, y lo mismo sucede con los familiares, se les debe declarar responsables, pues además de que cometieron un delito o varios delitos, violaron el sagrado deber de cuidado y protección que merecen las niñas, quienes tienen su confianza depositada en sus familiares y ellas aún no puede valerse por sí mismas.
En la actualidad, hay nuevas formas de reclutamiento a través de las redes sociales, de ahí que haya que estar atentos con los contactos que tienen quienes son menores de edad, pues pueden ser presa fácil de la delincuencia. Es nuestra obligación legal y moral de cuidar de dichas personas.
