El pasado cinco de febrero se cumplieron ciento dos años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, momento idóneo para reflexionar en torno al desenvolvimiento que ha tenido a través del tiempo, pero también lo fue para que el Presidente de la República definiera sus intenciones respecto a la misma, por lo que conviene analizar ambos aspectos, ya que sirven para orientar el quehacer de las y los legisladores, académicos e investigadores, y darle certidumbre al pueblo en general en cuanto a su permanencia.
Después de poco más de cien años de estar en vigor la Constitución mexicana, valoramos en toda su intensidad su utilidad porque, a través de sus reglas y principios, instituciones y procedimientos, se han resuelto problemas que aquejan a la sociedad y se ha logrado la convivencia social, pero también hemos sido testigos de cómo ha sido presa de intereses de grupos y partidos políticos que han impulsado reformas para mantener su poder e incrementarlo, pasando sobre los intereses nacionales.
Se ha avanzado en gran medida con las reformas de junio de dos mil once en materia de derechos humanos y de sus garantías, pero también ha habido reformas regresivas en detrimento de los propios derechos humanos.
A lo largo de estos años se han emitido doscientos treinta y tres decretos de reforma constitucional y se han realizado setecientas siete reformas, y aunque el texto continúa teniendo ciento treinta y seis artículos, mismo número que cuando se promulgó, en volumen ha aumentado considerablemente, y lo que es menos favorecedor es que con tanta reforma y por la falta de técnica, ha perdido sistematicidad y claridad, lo que dificulta sobremanera su lectura, comprensión y aplicación en la resolución de problemas.
Lo anterior ha generado que se tenga una Constitución de detalle, que ha llegado al extremo de consagrar en su articulado disposiciones que son propias de leyes secundarias y no de un texto constitucional, las cuales se han llevado al mismo por varios motivos, entre ellos, la desconfianza que existe entre los grupos de poder en el sentido de que alguna disposición que tenga que ver con sus intereses, esté más protegida en el texto constitucional, al ser más difícil de llevar a cabo su modificación, que si estuviera en una ley federal secundaria cuyo procedimiento de reforma se realiza únicamente por el Congreso de la Unión sin que intervengan las legislaturas de las entidades federativas.
Ante tal situación, es necesario que se lleve a cabo un ejercicio de reordenación y consolidación del texto constitucional, tal como lo propuso con toda oportunidad el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.
Un momento propicio para ello, por la carga simbólica que tenía, fue cuando se cumplieron cien años de la promulgación de la Constitución, sin embargo, pasó de largo y se perdió la oportunidad.
Ahora que comenzó un nuevo periodo presidencial, hace poco más de dos meses, quienes nos dedicamos al estudio del Derecho Constitucional nos preguntamos, ¿cuál será la actitud del actual Presidente de la República respecto a la Constitución en vigor? Pues bien, el pasado cinco de febrero, el titular del Poder Ejecutivo de la Unión adoptó una postura al respecto, y fue claro en señalar que consideraba “que no hay condiciones para eso, porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes”, pero cuando entregue “la estafeta para las nuevas generaciones, ¿por qué no convocar a un nuevo constituyente y elaborar una cuarta Constitución?”.
Obviamente, que hay varios comentarios por hacer en relación con las palabras que pronunció, empero, para efectos de esta colaboración, solamente deseo poner énfasis en que nos queda claro que a lo largo del periodo para el que fue electo Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, no hay la intención de buscar la forma de convocar al pueblo para que a través de una asamblea constituyente se expida una nueva Constitución. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra Carta Magna?
Por lo pronto, sabemos, por haber sido muy difundido en los medios de comunicación, que existen en puerta reformas a la Constitución mexicana en materia de seguridad pública. Una de las iniciativas, pretende darle un nuevo significado a la Guardia Nacional, y, por tanto, fijarle nueva integración y funciones; una más tiene la intención de aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo diecinueve constitucional, entre otras, por lo que, aún cuando considero que dichas propuestas se realizaron con el ánimo de resolver el terrible problema de seguridad pública que nos aqueja, estimo que debemos pugnar, desde nuestra trinchera, para que las reformas que se realicen no sean regresivas, incluso, algunas, directamente violatorias de los derechos humanos, que nos lleven a incurrir en responsabilidad internacional.
