Populismo penal
Un tema que hoy en día ha acaparado la atención de los analistas de los fenómenos políticos, es el populismo; sin embargo, también puede estudiarse desde el punto de vista jurídico, de ahí que se utilice la expresión “populismo penal”.
Al término “populismo” se le atribuye más de un significado, por lo que es difícil llegar a un acuerdo sobre su definición. No obstante, en un trabajo que elaboré en coautoría con el distinguido juez duranguense Manuel Valadez Díaz, el cual forma parte de un libro de reciente publicación: Indagaciones en torno al Populismo Penal en México, el cual coordinó el distinguido jurista Manuel Vidaurri Aréchiga, hicimos el esfuerzo por especificar y desarrollar los aspectos que comprende el populismo penal:
a). Aumento de la punibilidad, la cual se refiere la amenaza de una sanción penal que se encuentra prevista en una disposición legislativa para el caso de un tipo penal en concreto. Por lo general, al populismo penal se le ha identifica con este aspecto, que se traduce en el aumento de las penas privativas de libertad;
b). Creación de nuevos tipos penales que, por desgracia, en varias ocasiones, se trata de conductas que en realidad son faltas administrativas y otras que corresponden al ámbito socio-económico, pero las tipifican como delitos, y
c). Endurecimiento de las reglas e instituciones de trato procesal a los imputados con la finalidad de disminuir posibles beneficios a los procesados.
Cabe aclarar que, en nuestro concepto, también se pueden incluir algunas políticas públicas, pero en nuestra investigación nos circunscribimos a los tres elementos señalados.
El populismo penal se aplica debido a la creciente inseguridad pública y aumento de la delincuencia, que convierten en su rehén a la población, lo que resta legitimidad a los gobernantes por no dar una respuesta satisfactoria a la sociedad respecto a esos problemas.
Entonces, algunos gobernantes, para seguir conservando el apoyo popular, adoptan una política populista mediante la cual le hacen creer a la población que, por ejemplo, aumentando la punibilidad de algunos delitos, se resuelven los problemas, lo cual no sucede, pues los fenómenos de inseguridad y delincuencia, entre otros, tienen múltiples causas.
Más aún, en los órganos legislativos se realizan reformas a la legislación tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, pero sin la intervención de expertos en la materia, sólo para justificarse ante la sociedad, sin reparar que, en varias ocasiones, se violan principios constitucionales y, en específico, derechos humanos.
En tal virtud, crear una realidad aparente que no soluciona de fondo la problemática y que produce violaciones a derechos humanos, puede empeorar la situación.
