A diferencia de lo que ha acontecido en México y sin necesidad de que se consulte a la ciudadanía, en Francia, en forma reciente, fue condenado un expresidente, Nicolas Sarkozy, por intentar sobornar a un juez y por tráfico de influencias, condenándolo a una pena privativa de libertad.
Con antelación, Jacques Chirac, quien también fue presidente entre 1995 y 2007, fue sentenciado por consentir la corrupción cuando fue alcalde de París, en el siglo pasado, de 1977 a 1995, pues contrató a diecinueve empleados que en realidad nunca trabajaron para el Ayuntamiento, sino para su partido, es decir, hizo una malversación de fondos públicos.
La condena en contra de Chirac la realizó, por primera vez, un tribunal ordinario, una vez que perdió la inmunidad procesal, aunque cabe aclarar que por tener setenta y nueve años de edad y por estar enfermo, no ingresó a la cárcel.
Ahora, correspondió ser juzgado a otro personaje, Sarkozy, quien también fue presidente de Francia, entre 2007 y 2012, y se le impusieron tres años de prisión. Al respecto, cabe hacer dos aclaraciones: a) la condena será efectiva sólo por un año bajo vigilancia domiciliaria, y b) aún tiene la posibilidad de promover recurso en contra de la sentencia.
Hay un antecedente en ese país que es pertinente mencionar, el caso del mariscal Philippe Pétain. Dicho personaje, como líder de la Francia colaboracionista con los nazis, fue condenado a muerte por alta traición, pero le fue conmutada por el general Charles de Gaulle, y fue encarcelado en un fuerte militar en la isla de Yeu.
Con independencia del resultado final al que se llegue en el caso de Sarkozy, se puede advertir cómo la aplicación de la ley en Francia ha llegado hasta las más altas esferas de la política, lo cual debe ponernos a reflexionar en serio sobre la situación de México en relación con los problemas de corrupción e impunidad.
Considero que en nuestro país, no es necesario realizar consultas para aplicar la ley a servidores públicos de los más altos niveles que han incurrido en actos de corrupción que se tipifican como delitos, basta que haya voluntad política y que el diseño institucional lo permita, además de que no se trate de instrumentalizar a la justicia con fines partidistas.
En casos como el narrado, se ponen a prueba la fortaleza de las instituciones y sobre todo la vigencia del Estado de Derecho.
