El vértigo del tiempo está acabando con este año, donde lo más elocuente han sido, por un lado, las elecciones del pasado junio, cuyos temas mediáticos, sociales y políticos fueron consumiendo los días y los meses y que finalmente delinearon los escenarios políticos del 2022 y desde luego agotaron el ánimo y la paciencia de la sociedad al verse saturados por el bombardeo publicitario de partidos y candidatos.
Cuando apenas se va digiriendo el paso de esa feroz campaña mediática, llega una nueva, que para muchos se antoja excesiva, fuera de lógica, de lugar y de contexto, e incluso contra la propia Constitución, aun cuando forma parte de sus leyes.
El próximo domingo primero de agosto con una millonaria inversión pública y teniendo como árbitro el propio organismo electoral federal, se le preguntará a la sociedad mexicana mayor de 18 años si está de acuerdo en que se aplique la Ley a quienes presuntamente infringieron ésta.
La legislación electoral, más allá de las elecciones ordinarias y extraordinarias, cuenta con nuevas formas de participación de la sociedad y una de ellas es la Consulta Popular, que a mi parecer deberían de ser perfeccionadas para que su motivo y razón sea una verdadera consulta con temas coyunturales, que vengan generando controversia, polemizan y hasta dividen el comentario de la sociedad, pero nunca abordar temas obvios o con sentido político.
Sin embargo, preguntar lo obvio pareciera una tomada de pelo y hasta un absurdo, tanto así que la pregunta la podemos equiparar a un: conteste Si o No a lo siguiente, “¿Cuando tiene usted sed, creé que debe tomar agua? La respuesta sería más que obvia.
Incluso podemos ver que es tanto el desinterés ciudadano que la participación la están motivando, -en recientes días y que arreciarán seguramente en los próximos-, con acciones de gobierno encaminados al combate a la corrupción del pasado.
Cuando las consultas a mano alzada se fueron deslegitimando cuando éstas ocurrieron entre un puñado de gente y que lamentablemente el resultado incidió en el cien por ciento de ciudadanos y es evidentemente un acto autoritario sin soporte y mucho menos se trataba de un acto democrático, como ya sucedió con la cancelación del Metrobus en La Laguna de Durango.
Igual suerte puede correr la consulta ciudadana que abordará el tema de enjuiciar a ex presidentes al no alcanzar una participación que la legitime y que tendrá que ser superior al 30 por ciento del padrón. Si el resultado es el Sí, indicará que se debe actuar conforme a lo que establecen las leyes mexicanas; si el resultado ganador hipotéticamente es el No, qué sucederá porque evidentemente se estará violando las leyes y más grave aún el titular del Poder Ejecutivo Federal estará desobedeciendo lo que juró cumplir y hacer cumplir, es decir la aplicación de las leyes sin distingo.
Finalmente, esta semana arrancó con una baja muy lamentable para las filas y los activos del Partido Revolucionario Institucional con el deceso, -víctima de Covid-, de René Juárez Cisneros, ex gobernador de Guerrero y ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional de su partido.
Para entender un poco de lo que esta baja representa para el priismo y para los actuales momentos que vive internamente el partido en el contexto nacional, bastará escuchar el comentario del adiós que le brindó la tarde del lunes el periodista Joaquín López Dóriga,
quien además elogia el origen humilde del guerrerense desde sus inicios trabajando de niño como vendedor de ceviche en las playas de Acapulco, pero especialmente destaca la franqueza y firmeza de sus últimas exposiciones de lo que acontece al interior del Revolucionario Institucional, aunque ya no les alcanzará escuchar sus conclusiones finales sobre el resultado del seis de junio.
