Nunca jamás la violencia deberá ser parte de los procesos electorales y mucho menos se considere un hecho habitual y ordinario. Tarea titánica que le corresponderán por igual a los partidos políticos, a las autoridades electorales y civiles. La vida democrática del país deberá siempre sustentarse en el libre ejercicio del voto ciudadano conquistado con las mejores propuestas y los mejores perfiles.
La anticipación del proceso electoral del año próximo ha empezado a despertado los ánimos a través de debates simulados de sutiles conversatorios que le ponen pasión a los momentos electorales que se están viviendo.
Ojalá que la cordura, la prudencia y el respeto a las leyes y a las personas sean el sello distintivo del, ya en marcha, proceso electoral del 2024 donde se renovará la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados. Ojalá que los hechos violentos ocurridos en otros procesos en años anteriores queden como una historia que no se repita y mucho menos se haga como elemento ordinario de los procesos.
Se ha citado en estadísticas que en el proceso electoral de 2018 se registraron 48 asesinatos de candidatos y precandidatos a puestos de elección popular. En diciembre de ese mismo año perdieron la vida en un nunca aclarado desplome del helicóptero donde viajaban la gobernadora del estado de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el entonces senador Rafael Moreno Valle.
En el proceso electoral del 2021 se tiene registro de más de mil agresiones relacionados con la actividad político-electoral donde fueron asesinados 36 personas que eran aspirantes o candidatos a cargos de elección popular; además en ese mismo periodo se registraron 76 asesinatos más contra personas dedicadas al ámbito político entre regidores, alcaldes, ex alcaldes, dirigentes y militantes partidistas, funcionarios públicos, etcétera.
Incluso lo anterior dio margen a que la misma ONU y la OEA emitiera comunicados al gobierno mexicano donde pedía se diera garantía a los actores políticos antes, durante y después de los procesos electorales.
Como antecedente de la violencia política en nuestro país habrá que tener presente a Luis Donaldo Colosio Murrieta, siendo candidato a Presidente de la República, quien fue asesinado 23 de marzo de 1994 en el sector de Lomas Taurinas en Tijuana; en septiembre de ese mismo año fue asesinado en la capital del país José Francisco Ruiz Massieu quien fungía como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
En estos últimos días murieron dos personajes íntimamente vinculados a los tiempos político electorales que vivimos se trata de Daniel Flores Nava quien falleció en Veracruz al desplomarse el aparato en el que volaba, él era amigo y operador político de Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, ex Secretario de Gobernación y aspirante a suceder a AMLO. También murió acribillada, en Poza Rica Veracruz, Zayma Zoraya Zamora también operadora política de Adán Augusto López.
En los tiempos actuales, en Guerrero, muere asesinado José Guadalupe Fuentes Brito, colaborador en la campaña de Marcelo Ebrard, también aspirante a suceder al actual Presidente de la República.
Dado el enrarecimiento del ambiente que se ha disparado de manera preocupante desde el año de 2018, se han prendido alertas por estas circunstancias que atentan contra los cauces democráticos a los que puede y debe aspirar cualquier nación y que sea en las urnas, con votos y no con amenazas y tiros como se diriman las diferencias político electorales.
Siempre se deberá apostar que la democracia debe de ser la herramienta para dirimir diferencias en la competencia política y no la violencia y el terrorismo.
Contra lo que pueda decirse nuestro país mostró durante un largo periodo de institucionalización que dio estructura y estabilidad a la competencia político-electoral. Ojalá que este sea el camino y la paz, el respeto, y la prudencia sean lo que marquen este y futuros procesos en nuestra nación.
