Las frases de los políticos locales y por supuesto sus estilos personales de gobernar, como diría Don Daniel Cosío Villegas, han hecho historia, para bien o para mal. El presidente Jorge Salum del Palacio, reunido con columnistas locales comentó que no hará obras emblemáticas, relumbronas o faraónicas para ser recordado como presidente. Prefiere hacer obras que no se ven, pero que traen grandes beneficios a los habitantes del municipio de la capital, por ejemplo, la ejecución del proyecto Andrómeda y la recién rehabilitada red de agua potable del Fraccionamiento Cerro de los Remedios.
Si comparamos los estilos de ejercer el poder entre José Ramón Enríquez Herrera y Jorge Salum del Palacio, son polos opuestos. José Ramón ha sido, sin duda, el político que supo gobernar el municipio a través de los medios. Sus asesores de imagen se encargaron de ello, pero al final, cuando quiso reelegirse, se dio cuenta de que los excesos mediáticos no son tan buenos. En el caso de Jorge Salum, da la impresión de que prefiere dar a conocer a los medios de comunicación cuando los proyectos son una realidad, para darle equilibrio a su estilo de ejercer el poder. Pero también comentó que seguirá haciendo obras que no se ven, pero sí sirven, y si sobra presupuesto, ya pensará en hacer obras de relumbrón.
No podía faltar en la conversación con los columnistas el tema de la auditoría forense y el contrato más famoso del momento: el cambio de las luminarias del municipio. En el tema de los resultados de la auditoría forense, apuntó que en su momento estarán en las instancias correspondientes, sea el caso y la vía que proceda, ya se administrativa o penal. Pero el eje de la reunión con el presidente municipal fue el contrato que le heredó la pasada administración, encabezada por José Ramón Enríquez. De acuerdo al presidente, hay posibles irregularidades y omisiones en dicho contrato que le serían favorables al Municipio. Dice que cuando el contrato llegó al Congreso para su aprobación, se cumplió una parte del procedimiento, fue aprobado, pero no publicado en el Diario Oficial para sus efectos legales. Esta posible omisión trajo como consecuencia que el área competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le diera entrada, y por esta razón el contrato puede no tener validez, por ser ilegal. El problema de fondo es que el contrato establece al final un pago de 1,200 millones de pesos, incluyendo un sobreprecio de 800 millones. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle.
Si lo que dice el presidente municipal tiene fundamento jurídico, entonces la empresa podría estar en un grave problema, ya que en su momento tendría que demandar en las instancias competentes la legalidad del contrato. Suponemos que el departamento jurídico del Municipio ya estudió el contrato y su estatus legal para hacerlo del conocimiento del presidente municipal. Partiendo de la premisa de Jorge Salum, un contrato ilegal no es negociable, y se podría terminar en los tribunales para que estos digan la última palabra.
