Durante el enfrentamiento que se suscitó entre AMLO y una periodista, a propósito de la revelación que aquel hiciera del número de teléfono de la corresponsal del New York Times, el presidente afirmó que su autoridad moral y política están por encima de la ley.
La afirmación, per se, encierra una colisión conceptual; entre ambas autoridades la moral y la política- existe un paralelismo que las hace incompatibles. Veamos.
Por autoridad moral debemos entender aquella que propende a la consecución de principios y valores universalmente reconocidos, tales como la justicia, la honestidad, la igualdad, la libertad, entre otros muchos que buscan el bien común.
Así entonces, el reconocimiento de la autoridad moral no depende de investiduras o personas, y menos de apreciaciones particulares o singulares; una autoridad es moral cuando logra la materialización de los principios y valores que la sostienen; su ejercicio ha de ser espontaneo y sin el más mínimo atisbo de reconocimiento o valoración personal.
Del otro lado, la autoridad política se sostiene de la fuerza que da el poder público, su objetivo es lograr la aceptación de la conducta o decisión de quien ostenta el mandato, aún cuando no busque la consecución de principios y valores; por lo general, se ejerce para satisfacer una necesidad personal o de grupo.
Bajo tal tamiz, la autoridad política debe ser atemperada por la ley, para evitar un ejercicio abusado que redunde en una tiranía o autocracia. No debemos perder de vista que la ley también tiene fines morales, esto es, propende a la consecución de principios y valores universalmente reconocidos.
Desde este constructo, AMLO no puede enarbolar una autoridad moral por el solo hecho de ser presidente, su conducta está muy lejos de ser moralmente buena.
Por lo que hace a la otra autoridad, la política, el colocarla por encima de la ley es pretender implantar una autocracia.
