Está próxima la consulta popular que se realizará el primero de agosto de 2021, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, previo a la convocatoria que realizó el Congreso de la Unión, en sentido positivo sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, pero reformuló la pregunta para quedar en los siguientes términos:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
De la lectura de la pregunta se advierte que no están precisadas cuáles son las acciones pertinentes a llevar a cabo, ni a qué decisiones políticas se refiere, tampoco a los años que en que se diseñaron o ejecutaron, ni a qué víctimas se alude, menos aún al tipo de justicia a aplicar.
El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, en entrevista publicada en El País, expresó que: “La pregunta es ambigua y general; conscientemente se hizo de esa manera”, pues de otra forma se hubiera tenido un problema de constitucionalidad, además que no se trata de “una apelación a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad”, con la finalidad de “generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país”.
Lo cierto es que, por la forma en que está redactada la pregunta, deja un amplio margen de discrecionalidad para quienes interpreten los resultados de la consulta popular, no obstante que la finalidad de ese medio de democracia semidirecta, es que la decisión última sea del pueblo, de acuerdo con el artículo 35 constitucional, en su fracción VIII.
Considero que la realización de la consulta popular y la redacción de la pregunta, desde el punto de vista político, obedecen a una lógica, que no es otra que formar una comisión de la verdad o algo que se le parezca, tal como lo mencionó el presidente de la Suprema Corte en la entrevista mencionada.
La formación de una comisión de la verdad, aun cuando sería sano para la vida política del país, servirá para tener movilizado al pueblo los próximos años en los que vendrán otros procesos electorales, la revocación de mandato y la sucesión presidencial.
Afirmo lo anterior, pues la información que se generará cuando se forme la comisión de ese tipo, indiscutiblemente que será un arma poderosa para el gobierno en turno y para su partido para restar legitimidad a los partidos políticos opositores y a sus candidatos; así es el juego político.
Estimo que la decisión ya está tomada de antemano de formar una comisión como la mencionada, con independencia del resultado de la consulta, pues con el número de votantes que acuda a las urnas que, con seguridad responderán en sentido afirmativo, dará un motivo poderoso para emprender una acción como la antes relatada, no por ser vinculante el resultado, pero sí por conveniencia política.
De todo lo anterior, lo que me parece más negativo, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya prestado al juego político, por pronunciarse a favor de la constitucionalidad de la materia de la consulta y por la forma en que quedó redactada la pregunta, pues su proceder debilita su imagen.
