En tiempos de la inesperada y prolongada pandemia, y en los contextos de los procesos electorales de Estados Unidos, –en el que está a punto de perder la presidencia Donald Trump–, y los de 2021 en México que están en la mira del presidente López Obrador, se da un hecho sin precedente en la historia moderna de las relaciones de ambos países y en la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico.
La reciente detención, del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que, por el momento y las formas, el analista, Salvador García Soto, calificó como “golpe al Estado y al Ejército mexicano”.
Como mexicano me duele, que se golpeé a las instituciones que se han construido y ganado legitimidad y prestigio a lo largo de nuestra historia. Estoy pensando en el Ejército Nacional y en la institución presidencial. Por este hecho inédito y por la inmediata reacción de nuestro presidente, que además de lamentar la situación, lo relaciono con el caso de Genaro García Luna y la corrupción y decadencia provocada por los gobiernos neoliberales, de Felipe Calderón y Peña Nieto.
Sobre el arresto del General y el juicio que se le sigue en EEUU, hay muchísimas incógnitas y una diversidad de interpretaciones.
De ello se han ocupado periodistas especializados en las Fuerzas Armadas, analistas políticos, expertos en seguridad y actores políticos e institucionales. Todos coinciden en lo grave de las repercusiones en la trayectoria institucional del Ejército mexicano, la Institución que goza de la mayor credibilidad entre los mexicanos. Pero eso evidencia, que las agencias de inteligencia estadounidenses, no confían en las autoridades mexicanas que combaten el narcotráfico.
Entre los interrogantes recurrentes que se hacen: ¿Lo sabría el presidente Trump, desde cuando se le informó a su reiterado amigo López Obrador?
Producto del impacto generado por este inesperado evento se reactiva el debate, que en México se da sobre el papel del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad interior y en las encomiendas adicionales que le ha venido encargando el nuevo gobierno.
Por mi parte, esta vez mi reflexión es sobre el daño colateral a la institución presidencial forjada y respetada desde el siglo XX. El “estilo personal de gobernar” de López Obrador, lo mantiene popular en lo personal, pero no va fortaleciendo a la institución que se desgasta con la persistente decisión de someter a los ex presidentes del periodo neoliberal a una consulta pública para enjuiciarlos por haber participado o tolerado la corrupción e impunidad en su tiempo. Acción que, independientemente de los que corresponde gestionar a la Fiscalía General de la República, afecta desde ahora su reputación personal en la opinión pública.
La lucha contra la corrupción –focalizada en los ex presidentes de la República– ha sido uno de los ejes del discurso de López Obrador, como candidato y como presidente. Le ha dado gran parte los 30 millones de votos en 2018, y un 60% de la aprobación en las encuestas en 2020. Con estos datos llegará a las elecciones federales intermedias de 2021 en que se reflejara en los votos por Morena en las urnas, la eficacia de su gestión gubernamental y el avance real de la Cuarta Transformación.
Le quedan cuatro años de liderazgo y de trabajo como gobernante para que los resultados estructurales en materia de desarrollo, soberanía nacional y bienestar de la población, lo conforme un perfil de presidente estadista que trascienda en la historia como Juárez en el siglo XIX y Lázaro Cárdenas en el siglo XX.
En ese camino tiene que superar las crisis que nos deja la pandemia Covid-19, lo de la recesión económica, lo de la corrupción e impunidad, y, considerando el golpe reciente que nos vino de las autoridades norteamericanas en tiempo de Trump, la reafirmación de nuestra soberanía nacional en el mundo globalizado de la era digital del siglo XX.
En ese lapso, independientemente de lo que arroje el juicio en USA, habrá de recuperarse la confianza en las fuerzas armadas y garantizarse una Presidencia de la República fuerte, en un sistema democrático plural, con equilibrio de poderes, en el que reine el Estado de Derecho.
