Como nunca antes, la actual Legislatura tiene la oportunidad de hacer historia y ser recordada por defender los derechos humanos de los grupos considerados como vulnerables en los tratados internacionales y nuestra Constitución. La sociedad duranguense lamenta que sólo por medio de un amparo se ha subido al pleno la discusión del matrimonio igualitario. Todos sabemos que el Poder Legislativo es independiente, y en consecuencia el amparo no los obliga a votar a favor del matrimonio igualitario y reformar de paso el Código Civil del Estado.
Para votar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, no debería prevalecer una moral religiosa sobre los derechos humanos. Nuestra propia Constitución garantiza la libertad de culto, libertad de conciencia, y de creencias religiosas tanto en el ámbito privado como el público. Esto quiere decir que como personas o ciudadanos podemos practicar cualquier tipo de religión, pero eso no significa que seamos una sociedad dogmática, capaz de no entender que nuestra libertad termina donde comienza la del otro.
Entendemos el dilema de las diputadas y los diputados que este martes 26 de julio tendrán que votar como representantes populares respetuosos de los derechos humanos, de los tratados internacionales y la Constitución.
El Estado mexicano forma parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Es José López Portillo quien pública el decreto de promulgación de la Convención de Derechos Humanos, en mayo de 1981. En el capítulo 1ro, donde se habla de la enumeración de deberes, y en los artículos 1 y 2 hace mención de la obligación de los Estados miembros sobre los derechos y libertades y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación por motivos “de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole”. Ahí queda muy claro que debe de haber medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Como podemos ver, no se trata de subir al pleno un asunto religioso o de moral religiosa, se trata, más bien, de darle cumplimiento a un tratado internacional del cual el Estado mexicano firmó y ratificó, y por si esto no fuera suficiente, es la oportunidad de votar a favor de lo que dice en materia de derechos humanos. El artículo primero de nuestra Constitución política que está por encima de nuestra Constitución local. Entendemos también que las y los legisladores están en plena libertad de votar a favor o en contra del matrimonio igualitario, pero a la vez tienen la obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución que juraron cuando tomaron protesta como representantes populares.
Y ya encarrerado el gato, es posible que en dicha sesión extraordinaria del próximo martes 26 se vote para elegir presidenta o presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La convocatoria no establece que se dé a conocer la terna de donde podría salir la próxima presidenta o presidente. Sin embargo, tenemos la leve sospecha de que la terna se dará a conocer momentos antes de la sesión, y creemos, que la decisión ya está tomada. Parafraseando a Martín Urieta: ¿Qué de raro tendría? Este tema no debe politizarse por ningún partido político, por un gobernador en funciones o por un gobernador electo. Se trata de derechos humanos y no de un puesto político.
DATO
El artículo primero de nuestra Constitución política que está por encima de nuestra Constitución local. Entendemos también que las y los legisladores están en plena libertad de votar a favor o en contra del matrimonio igualitario, pero a la vez tienen la obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución que juraron cuando tomaron protesta como representantes populares.
El artículo primero de nuestra Constitución política que está por encima de nuestra Constitución local. Entendemos también que las y los legisladores están en plena libertad de votar a favor o en contra del matrimonio igualitario, pero a la vez tienen la obligación de respetar, cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución que juraron cuando tomaron protesta como representantes populares.
