No tenía ni una semana de haber escrito sobre la privación de la vida de dos periodistas, uno de Baja California y el otro de Veracruz, cuando de nueva cuenta se da a conocer la noticia del asesinato de una periodista más: Lourdes Maldonado López.
En efecto, en enero de este año de 2022, fueron privados de su vida Alfonso Margarito Martínez Esquivel, reportero gráfico en Tijuana el día 17, y José Luis Gamboa, en Veracruz el día 10. Con la periodista Lourdes Maldonado, ya son dos homicidios en Tijuana, este mes.
Dicha periodista, en una conferencia de prensa con el presidente de la República, le pidió ayuda porque temía por su vida debido a las amenazas que estaba recibiendo, según su versión, debido a un juicio laboral que tenía con una televisora desde hacía ya seis años, propiedad del ahora ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
Por su parte, el ex gobernador negó que se le hubiera amenazado y expresó que el problema con ella se circunscribía a una demanda laboral por cerca de 400 mil o 500 mil pesos, y que ello “no era para ultimar a nadie”.
En relación con ese juicio laboral, en presencia del titular del Poder Ejecutivo de la Unión, había clamado también por justicia laboral. Y hace pocos días, ella misma había dado a conocer que obtuvo un laudo que la favorecía en sus pretensiones.
Con motivo de las amenazas, la periodista fue incorporada al Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas. Entre las medidas precautorias que se le otorgaron estaba el “botón de pánico, recorridos policiacos por su domicilio durante la noche y el acompañamiento de una patrulla estatal cuando ella llegaba a su casa”.
También fue incorporada al mecanismo de protección federal, de tal manera que se suponía que tenía un nivel de protección mayor que cualquiera otra persona pudiera tener. Pero ni así se salvó de ser víctima de su agresor o agresores.
Con justa razón, colectivos de periodistas cuestionan sobre la eficacia de los mecanismos de protección y hasta hay quien ha llegado a decir que “no sirven para nada”, pues a pesar de que Lourdes Maldonado gozaba de medidas precautorias, como se explicó con antelación, fue privada de su vida, cerca de su domicilio de un balazo en la cabeza.
Una de las reacciones suscitadas con motivo de los hechos delictivos fue la convocatoria para el martes 25 de enero a realizar marchas en diversas partes del país para exigir el esclarecimiento de los hechos y, en específico, en donde se perpetraron los hechos delictivos, es decir, en Tijuana.
Con motivo de la comisión de delito, el pasado 24 de enero, en su “mañanera”, el presidente expresó que no se debe “vincular en automático”, sino que se debe investigar si el hecho está relacionado con el conflicto laboral, lo cual me parece razonable, pero no lo es que se diga que no era un asunto de amenazas, pues en el video que circula en las redes sociales se escucha con claridad que ella dijo: “temo por mi vida”.
Para concluir, reitero lo que afirmé en la colaboración anterior, en el sentido de que no todos los homicidios tienen que ver con la delincuencia organizada y algunos, que seguramente son los menos, tampoco con el ejercicio del periodismo, aunque sí la mayoría; sin embargo, en todos los casos el resultado es la privación dolosa de la vida de un ser humano, lo cual es un claro síntoma de la inseguridad que se vive en este país.
A López Obrador le pidió ayuda porque temía por su vida debido a las amenazas que estaba recibiendo, según su versión, debido a un juicio laboral.
No todos los homicidios tienen que ver con la delincuencia organizada y algunos, que seguramente son los menos, tampoco con el ejercicio del periodismo.
