El presupuesto es el instrumento de política económica del gobierno que contiene los montos a distribuir entre las distintas instituciones, programas y sectores a los cuales se destina el gasto cada año.
Según la Constitución, es el presidente de la República quien propone a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión un proyecto que contiene el monto del gasto, así como las partidas en las cuales se pretende aplicar el recurso público.
El voto mayoritario de las y los diputados constituye la ultima palabra para determinar la cantidad de recursos que debe ejercer cada uno de los poderes, los organismos autonomos, las dependencias, asi como el monto de los fondos que se entregan a estados y municipios; de ahí que el análisis, la discusión y la aprobación del presupuesto atraiga año con año la atención de la opinón publica.
El pasado martes en maratónica sesión la Cámara de Diputados aprobó con 262 a favor, 216 en contra y una abstención el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2024, autorizando al ejecutivo a ejercer la cantidad de 9 billones 66 mil millones de pesos, de los cuales 1.7 billones -alrededor del 25%- serán de deficit presupuestal, lo que significa que el próximo año el país quedará endeudado de manera escandalosa.
La preocupación de que este gobierno entregue la administración pública federal sumida en el caos es real si añadimos al endeudamiento la capacidad presidencial para erogar más de lo que tiene el gobierno. Una cifra que revela la desenfrenada actitud de gastar es que entre 2019 y 2022 el Poder Ejecutivo gastó más un millón de millones (un billón) de pesos a los autorizados por la Cámara de Diputados en los Presupuestos de Egresos de la Federación de esos años.
Siguiendo esta tendencia, en vez de poco más de 9 billones, es previsible que el Gobierno Federal termine gastando en el 2024 cerca de 10 billones entregando una herencia perversa a la próxima administración.
El “control total” del presupuesto, este gobierno federal lo ha ejercido como nadie antes, destinando recursos a las áreas, obras y planes predilectos como Pemex, CFE, Sedena, refinería “Dos Bocas”, tren maya, tren transístmico y aeropuerto Felipe Angeles, entre otros
El término “austeridad republicana” quedó para el discurso anecdótico, al desarrollar el presidente de la República una enorme capacidad para gastar de más, como si no existieran los limites presupuestales, resultando una administración desbalanceada, inequitativa e ineficaz, porque no se aplica el recurso público para satisfacer las necesidades más apremiantes de la sociedad, al parecer permea en las cúpulas del gobierno la visión de que la seguridad pública, la educación, la salud y las obras que generan inversión y desarrollo pueden esperar para un mejor momento, lo que ahora les interesa es tener cooptado a un segmento social que les permita lograr sus propósitos político-electorales.
Es momento de analizar de manera seria, con argumentos sólidos si el presidente para hacer cambios al presupuesto asignado por los legisladores debería solicitar autorización al Congreso, sobre todo cuando pretenda realizar de manera descontrolada transferencias presupuestales que castigan y premian sin una visión de estado, con motivación en las ocurrencias y estados de ánimo momentáneos.
La Constitución establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados decidir anualmente cómo se asignan los recursos públicos, lo que se conoce como “el poder de la bolsa”, cuya atribución se ha trasladado en los hechos al Poder Ejecutivo, depojando al Legislativo de una facultad definitoria de la división de poderes. Un tinte más de una presidencia cesarista.
