El gobierno de México y su partido siguen obsesionados en su deseo de concentrar más poder en la figura presidencial, incluso a costa de privar y limitar derechos de los ciudadanos. Así los confirman las tres reformas que se procesan en el Congreso, indicando con la Ley de amnistía, después la reforma en materia de pensiones para crear un nuevo fondo a costa de las cuentas de las personas mayores de 70 años que ya están jubilados, y después, la más preocupante, la reforma a la Ley de amparo para impedir que tenga efectos generales la suspensión en los juicios de amparo que se interponen contra leyes que expide el poder legislativo.
Un rasgo esencial de la democracia y el Estado de derecho es que los gobernados cuenten con mecanismos de protección efectivos para ampararse contra las acciones de la autoridad que violen sus derechos.México es precursor en el mundo de este sistema de defensa a través del amparo.
La modificación a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo a iniciativa de los senadores de Morena obstaculiza la eficacia del juicio de amparo y vulnera los principios de supremacía y progresividad de los derechos humanos, al cancelar la posibilidad de que los juzgadores otorguen suspensiones con efectos generales contra normas que violen derechos y afecten el interés social.
Está reforma es emblema de los regímenes autoritarios,aquellos que derrumban los cimientos democráticos en aras de concentrar las decisiones en una persona o un grupo pequeño. El acceso a la justicia, la integridad del juicio de amparo y la protección federal contra actos de autoridad son rasgos que caracterizan a nuestro sistema jurídico como un verdadero orden constitucional en que hay plena vigencia del respeto a los derechos fundamentales.
No cabe duda que ha cambiado la manera de atentar contra la democracia y sus instituciones, antes fue la insurrección violenta y los golpes militares, hoy se aplica la receta de que quienes llegan al poder a través de los votos, una vez que se hacen del control, socavan el estado de derecho en la búsqueda de ampliar su proyecto político sin importar que sea a costa de los derechos obtenidos tras largos procesos de evolución y cambio social; así sucedió en Perú en 1991 con Aberto Fujimori quien envió al Congreso decenas de iniciativas para nulificar instituciones, facultades, derechos y libertades, llegando en ese proceso paulatino al extremo de disolver el Congreso y desconocer la constitución.
Por fortuna México tiene aún un reducto en el Poder Judicial para detener esos afanes subversivos contra la democracia, la justicia y el derecho. La última palabra en materia constitucional está depositada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que seguramente habrá de resolver en definitiva sobre esta absurda ambición, tal y como lo hizo en otros asuntos similares, restableciendo los principios fundamentales de nuestro orden constitucional y colocando el interés colectivo por encima de cualquier otro, aún tratándose de grupos o personas con enorme poderacumulado.
