Debido a su diversidad geográfica y al cambio ambiental global, nuestro país está expuesto a peligros geológicos e hidrometeorológicos, es constante el riesgo de afrontar huracanes, terremotos, actividad de volcanes, incendios, inundaciones, deslaves y sequías.
Se estima que en los últimos 50 años, al menos 60 millones de personas han sido afectadas por desastres naturales. La entrada el miércoles pasado del huracán “OTIS” a las costas de Guerrero evidenció que estamos vulnerables ante este tipo de fenómenos. El huracán arrasó con todo lo que encontró a su paso derribando puentes, techos, viviendas, postes, vehículos, estructura urbana y afectando a casi la totalidad de los hoteles de Acapulco.
Los daños materiales son de enorme cuantía, pero lo más lastimoso es la pérdida de vidas humanas, esa noche miles de personas fueron sorprendidas por la fuerza de los vientos y la lluvia, muchos lograron encontrar un refugio, sin embargo algunos no lograron preservar la vida, otros fueron testigos de la destrucción de sus hogares y de sus fuentes de trabajo.
El primer recuento de los daños nos debe ilustrar para saber si se pudieron haber evitado algunos de los efectos de la tragedia, si las autoridades actuaron con prontitud y eficacia, porque son ellos los obligados a alertar -con tiempo suficiente- a la población sobre la magnitud de peligros naturales, de establecer refugios y albergues para proteger a la población vulnerable, mantener comunicación constante durante el trance, y atender a quienes se encuentran en peligro inminente.
Tres días después del golpe de OTIS las imágenes que se originaban en Acapulco eran lamentables, mostraban el saqueo de comercios, la rapiña, la incomunicación, el desconcierto, la desolación.
Es evidente que quienes gobiernan el municipio de Acapulco, el estado de Guerrero y el país, le fallaron a quienes viven ahí, y también a quienes estaban ese día por cuestiones de trabajando o vacacionando. Simplemente no alertaron a tiempo, no se anticiparon, no atendieron, no coordinaron, fueron rebasados, se mostraron indolentes; la acción del gobierno -en sus tres niveles- fue tardía, insuficiente, sin estrategia alguna.
Recordemos que el actual gobierno federal desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuyo objeto era proveer auxilio y asistencia para proteger la vida, la salud y los bienes de la población. El 27 junio de 2021, la Secretaría de Hacienda oficializó la extinción con la transferencia de 26,500 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, dicho monto antes tenía un destino concreto: Atender emergencias como la actual. Ahora la duda es ¿a dónde se destinaron esos recursos?
Además, el presidente envió a la Cámara de Diputados el pasado 3 de octubre, una iniciativa de una nueva “Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres”, en la que plantea que sean los gobiernos de los estados los que prevean recursos para emergencias derivadas de calamidades naturales. La iniciativa no debe ser aprobada debido a que representa otro retroceso, es una pretensión inviable que los estados y municipios cuenten con recursos propios para atender este tipo de desastres naturales.
Pero aún hay más: Ayer se conoció que el gobierno pretende bloquear la solidaridad social al no permitir que organizaciones civiles lleven ayuda humanitaria a los damnificados, manifestando que sólo el Ejército y los “servidores de la nación” están autorizados para atender a quienes en estos días necesitan y esperan ayuda para sobrevivir y regresar a la su vida cotidiana.
Además de la evidente ineficiencia demostrada, sería aún más lamentable que la tragedia fuera motivo para lucrar con fines políticos. Hay sucesos que colocan a la calidad moral al mismo nivel que la capacidad para actuar.
