Se avecina un nuevo choque entre los tres poderes de la Unión. El Ejecutivo como el principal impulsor, el Legislativo como obediente realizador de los deseos del Ejecutivo y el Judicial como perjudicado. La pretensión es quitarle al Poder Judicial el control de fideicomisos, con la intención es estrangularlo financieramente, en venganza a que no se ha sometido a la voluntad presidencial.
El recorte al presupuesto del poder judicial se procesa en la Cámara de Diputados federal. La fracción parlamentaria de Morena impulsa la iniciativa para eliminar 13 de los 14 fideicomisos que administran actualmente los diferentes órganos del Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral federal.
Este proyecto que busca someter al Poder Judicial -mediante la asfixia financiera- tiene su origen en la confrontación del Presidente de la República con la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que los ministros -en ejercicio de sus atribuciones como tribunal constitucional- han votado en contra varias de las reformas presidenciales (la energética, la electoral, entre otras) por considerar que las mismas se apartan de los principios de la constitución.
Esos fideicomisos cuya existencia tiene claro sustento legal, se han venido conformando con aportaciones a lo largo de varios años, en la actualidad cuentan con 21,554 millones de pesos. Para los legisladores de Morena sólo uno de ellos, el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, tiene sustento en las leyes, y es el que quedaría intacto, según la iniciativa; los demás que suman 15,450 millones de pesos, deberán ser extinguidos, y los recursos integrarse a la tesorería de la federación, quedando a la libre disposición del Ejecutivo, para -según han revelado- aumentar los recursos a programas sociales y a obras fastuosas como el tren maya y la refinería Dos Bocas.
Para eliminar los fideicomisos se requiere reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para cuya aprobación se necesita de una mayoría simple en la Cámara de Diputados, la que Morena reúne con sus votos, sumados además los de sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo.
El Poder Judicial solicitó para el próximo año un presupuesto de casi 85,000 millones de pesos, lo que desató la critica del presidente hacia los fideicomisos que ha operado el Poder Judicial, de inmediato, casi en forma automática, la bancada de Morena presentó la iniciativa, en un procesamiento apresurado la llevaron a comisiones, votándola a favor con su mayoría y en los próximos días pretenden votarla en el pleno.
Se está convirtiendo en costumbre que el Congreso procese a la ligera, asuntos que nacen en las cotidianas declaraciones del Ejecutivo, sin mediar diálogo con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso.
La iniciativa suscrita indica que algunos de los fideicomisos fueron creados para pagar prestaciones médicas y pensiones de jueces, y especula en que no son administrados con transparencia hacia el público. Ante ello la Suprema Corte ha advertido que con los recursos de los fideicomisos se cubren prestaciones relacionadas con obligaciones patronales y derechos adquiridos por los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social (vivienda, cobertura de salud, pensión y retiro). Para asegurar esos derechos adquiridos tanto en el presente como en el futuro es necesario que el Poder Judicial cuente con esos fideicomisos porque sólo así se garantiza la estabilidad laboral de más del 60% del personal operativo.
De aprobarse la reforma en los términos planteados, es de esperarse que se promuevan acciones de inconstitucionalidad, las que al final tendría que resolver el pleno de la Suprema Corte, es decir, se judicializaría una vez más un proceso legislativo abusivo y perjudicial.
La propuesta de Morena busca que el gobierno federal obtenga 15,450 millones de pesos a costa de dañar derechos laborales de más de 55 mil trabajadores y sus familias, propiciando el probable despido de personal especializado, poniendo en riesgo la operatividad de juzgados de distrito y de tribuales colegiados en todo el país.
Un poder judicial débil, desprestigiado, sin autonomía sólo beneficia a quien pretende ejercer el poder de manera absoluta o autoritaria. La democracia sólo es vigente cuando hay división de poderes, que implica respeto, diálogo y colaboración entre los mismos; la principal perjudicada es la sociedad cuando sin razón se propician enfrentamientos entre poderes públicos. La razón debe sobreponerse a la terquedad.
