/ sábado 23 de marzo de 2024

La libertad económica como derecho fundamental

“La riqueza nace de la energía y de las ideas”

- William Feather

Sin duda alguna, la libertad económica es un aspecto de suma importancia para cada individuo en lo particular, pues de ella depende en buena medida la posibilidad de prosperar, edificar un proyecto de vida y conseguir un patrimonio, todo ello como parte de los insumos básicos de las personas. Por ende, garantizarla adecuadamente también debe ser parte de los objetivos de un gobierno y de una administración pública.

La idea de la libertad económica como derecho fundamental ha sido explorada a partir, por ejemplo, de instrumentos como el Índice de Libertad Económica que elabora la organización no gubernamental denominada The Heritage Foundation -un relevante “think tank” (tanque de pensamiento) afincado en Washington-, y al cual referiremos con mayor detenimiento en próximas oportunidades, anticipando únicamente que mide el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria y los mercados abiertos en cuanto tales.

Según dicha organización, la libertad económica es el derecho fundamental que tiene cada ser humano para controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad libre económicamente hablando, sigue diciendo The Heritage Foundation, los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes circulen libremente, de tal manera que la coerción y la restricción de la propia libertad tengan verificativo sólo en aquello estrictamente necesario para proteger y mantener la libertad en sí misma.

Al tratarse de una organización ideológicamente agrupada con la derecha, es necesario tomar precaución de sus metodologías y resultados. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, sus índices son de tener en cuenta al momento de realizar un diagnóstico sobre lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer a nivel global para hablar de una auténtica y genuina libertad económica.

Como ya anunciábamos en un parágrafo anterior, la libertad económica trae consigo prosperidad. Desde luego que ello debe verse a la luz de otras metas sociales y económicas, pero lo cierto es que ese es el gran objetivo de su salvaguarda. La prosperidad, por otro lado, es una plataforma para que los seres humanos pueden realizar otro tipo de propósitos tanto personales como colectivos.

Pensemos por ejemplo en el caso de todos los países que, como el nuestro o como Estados Unidos, celebrarán elecciones de diversa índole en este 2024. Todas aquellas personas que se encuentran en una situación de precariedad económica, por no decir pobreza patrimonial o incluso alimentaria, lo cual puede llegar a equipararse con la extrema miseria y que, dicho sea de paso, no son pocas, ¿verdaderamente encuentran motivos para salir a las urnas cuando batallan incluso para conseguir la comida diaria?, ¿creen que votar es una obligación cuando el Estado no ha cumplido con sus funciones elementales en términos de proteger sus derechos humanos esenciales o su mínimo vital?, ¿se encuentran satisfechas con la democracia a pesar de que no han tenido las oportunidades necesarias para salir adelante en todos los términos?

Las anteriores interrogantes tienen una respuesta fácil de responder cuando observamos la (falta de) libertad económica y todo lo que la rodea desde una perspectiva de gobernanza cooperativa. Por ello es que asumirla como un derecho fundamental exigible que redunde en adecuadas políticas públicas tendría que ser algo para discutir en los próximos años.

“La riqueza nace de la energía y de las ideas”

- William Feather

Sin duda alguna, la libertad económica es un aspecto de suma importancia para cada individuo en lo particular, pues de ella depende en buena medida la posibilidad de prosperar, edificar un proyecto de vida y conseguir un patrimonio, todo ello como parte de los insumos básicos de las personas. Por ende, garantizarla adecuadamente también debe ser parte de los objetivos de un gobierno y de una administración pública.

La idea de la libertad económica como derecho fundamental ha sido explorada a partir, por ejemplo, de instrumentos como el Índice de Libertad Económica que elabora la organización no gubernamental denominada The Heritage Foundation -un relevante “think tank” (tanque de pensamiento) afincado en Washington-, y al cual referiremos con mayor detenimiento en próximas oportunidades, anticipando únicamente que mide el Estado de Derecho, el tamaño del gobierno, la eficiencia regulatoria y los mercados abiertos en cuanto tales.

Según dicha organización, la libertad económica es el derecho fundamental que tiene cada ser humano para controlar su propio trabajo y propiedad. En una sociedad libre económicamente hablando, sigue diciendo The Heritage Foundation, los gobiernos permiten que el trabajo, el capital y los bienes circulen libremente, de tal manera que la coerción y la restricción de la propia libertad tengan verificativo sólo en aquello estrictamente necesario para proteger y mantener la libertad en sí misma.

Al tratarse de una organización ideológicamente agrupada con la derecha, es necesario tomar precaución de sus metodologías y resultados. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, sus índices son de tener en cuenta al momento de realizar un diagnóstico sobre lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer a nivel global para hablar de una auténtica y genuina libertad económica.

Como ya anunciábamos en un parágrafo anterior, la libertad económica trae consigo prosperidad. Desde luego que ello debe verse a la luz de otras metas sociales y económicas, pero lo cierto es que ese es el gran objetivo de su salvaguarda. La prosperidad, por otro lado, es una plataforma para que los seres humanos pueden realizar otro tipo de propósitos tanto personales como colectivos.

Pensemos por ejemplo en el caso de todos los países que, como el nuestro o como Estados Unidos, celebrarán elecciones de diversa índole en este 2024. Todas aquellas personas que se encuentran en una situación de precariedad económica, por no decir pobreza patrimonial o incluso alimentaria, lo cual puede llegar a equipararse con la extrema miseria y que, dicho sea de paso, no son pocas, ¿verdaderamente encuentran motivos para salir a las urnas cuando batallan incluso para conseguir la comida diaria?, ¿creen que votar es una obligación cuando el Estado no ha cumplido con sus funciones elementales en términos de proteger sus derechos humanos esenciales o su mínimo vital?, ¿se encuentran satisfechas con la democracia a pesar de que no han tenido las oportunidades necesarias para salir adelante en todos los términos?

Las anteriores interrogantes tienen una respuesta fácil de responder cuando observamos la (falta de) libertad económica y todo lo que la rodea desde una perspectiva de gobernanza cooperativa. Por ello es que asumirla como un derecho fundamental exigible que redunde en adecuadas políticas públicas tendría que ser algo para discutir en los próximos años.