No es la primera vez que policías municipales incurren en el uso ilegal de la fuerza pública para someter a ciudadanos. Y como dijo don Teofilito, no será la ultima vez.
Se necesita poner un alto por parte de las autoridades responsables de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como es el caso de Antonio Bracho, que prometió darle un nuevo rostro a esa corporación, empezando por los controles de confianza y los protocolos que se deben aplicar cuando es necesario someter a una persona. Los actos del video que se hizo viral, donde pudimos ver a varios policías golpeando a un vendedor en la Plaza de Armas, pensábamos que con Antonio Bracho habían quedado atrás, pero como dijo Juan Gabriel: “Ya ves que no es así”.
¿La policía municipal ya le hace el trabajo sucio a los inspectores municipales? Si esto es así, entonces que el presidente municipal desaparezca la Dirección de Inspectores Municipales y que se reforme la Ley Orgánica del Municipio, para que sea la Dirección Municipal de Seguridad Pública la que ponga en orden a los comerciantes y vendedores ambulantes.
Lo que hicieron los policías, y que fue grabado, constituye el delito de uso ilegal de la fuerza pública, tipificado como tal en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Durango. Este Código establece la pena de tres meses a cinco años de prisión, y multa cuando se ejerza violencia a una persona sin causa legítima, se le veje o insulte y se use ilegalmente la fuerza pública contra ella. Si tomamos como base el Código Penal del Estado, no es asunto menor.
El director Antonio Bracho no puede tapar el sol con un dedo, no bastaría suspender a los policías y ponerlos a disposición del área de Asuntos Internos para realizar una investigación interna y deslindar responsabilidades. Nos encontramos ante hechos donde presumiblemente se cometió un delito, se requiere de una carpeta de investigación por parte de la autoridad competente, y si hay elementos, que se lleven hasta un juez de control. Antonio Bracho es abogado de profesión, conoce el Derecho, sabe de los procedimientos cuando se tiene conocimiento de que se cometió un delito y cuándo se persigue de oficio.
No se puede permitir que se violen los derechos humanos de los ciudadanos. Al policía la sociedad debe verlo con respeto y no con miedo, como actualmente sucede. Con nuestros impuestos nosotros pagamos sus sueldos, incluyendo el de los altos mandos, por lo cual tenemos derecho a que se nos proteja, como es su función.
En la ley están contempladas las competencias de las diferentes corporaciones policiacas y, por supuesto, la agresión de la que fue víctima el vendedor no tuvo razón de ser, ya que la competencia es administrativa, por parte de los inspectores municipales. Más allá de los acontecimientos, el director de Seguridad Pública Municipal es responsable de lo que hacen los policías bajo su mando y no deseamos, como siempre pasa, que la liga se reviente por lo más delgado. Como alguien dijo: “Si no pueden, renuncien”.
