El reto que enfrentamos es crecer suficientemente, pero México no lo hace desde hace décadas y el panorama para los próximos años es igual de difícil. Uno de los factores para un crecimiento alto es la inversión se realice en proyectos capaces de impulsar el desarrollo como en puertos, autopistas, carreteras, plantas de alta producción energética, plantas de procesamiento del petróleo, entre otros. Nuestro país invierte poco en sectores estratégicos de la economía.
Además la inversión es mala y los recursos se destinan a donde no se debería. Para revertir tal situación urge reorientar el gasto público y privado para que la economía genere las fortalezas necesarias que le permitan a jóvenes, mujeres y padres de familia las oportunidades productivas que hoy solo son esperanzas.
Otro de los factores que no permiten un crecimiento acorde al enorme potencial que tenemos es la debilidad del estado de derecho.
El desarrollo del país implica un proceso que implica la participación de todos los sectores sociales, es producto de un esfuerzo colectivo en el que juega un papel el gobierno y otro muy relevante la sociedad que implica dejar de consumir hoy para obtener beneficios en el futuro.
El desarrollo es un proceso social, no un proyecto o programa de gobierno. Ningún gobierno tiene en sus manos todos los elementos y decisiones para detonar el desarrollo sin los actores económicos y sociales.
La inversión aumenta y se detona cuando hay un proceso de retorno de la misma, desde el pequeño comerciante hasta el empresario más prominente buscan que cuando invierten en un negocio este funcione, pueda producir y vender a buen precio para recuperar lo invertido en el corto plazo. Para ello se requiere confianza en las instituciones y en las leyes vigentes. Dar certeza a quienes quieren invertir, primero como conseguir créditos accesibles, segundo en qué invertir y tercero como hacer rendir la inversión.
El gobierno hace su tarea cuando orienta el presupuesto a la inversión en infraestructura, en educación y garantiza la vigencia plena del estado de derecho.
En estas horas se está definiendo el presupuesto de egresos 2019 en la Cámara de los Diputados, lo preocupante es que los recursos no se están orientando a educación e infraestructura, sino a pagos asistencialistas que no van en el sentido de solucionar los problemas de fondo del país.
Le reducen recursos a las universidades, a los Gobiernos Estatales y Municipales, a los grandes proyectos de infraestructura que estaban en marcha y le aumentan a los recursos a la Secretaría del Trabajo para entregar recursos a quienes no estudian ni trabajan, pero sin un padrón confiable y sin un programa estructurado, con reglas claras y transparentes, sin embargo a ese programa le asignan 40 mil millones de pesos.
¿Estarán pensando en el futuro de las próximas generaciones o en las próximas elecciones?
¿Estarán pensando en el desarrollo de México o en cumplir promesas y ocurrencias expresadas en campaña? La respuesta la sabremos pronto, el tiempo lo dirá.
