Entre los signos vitales y distintivos de la democracia liberal que impera en la actualidad se puede citar el concepto de soberanía popular gracias a la cual el poder reside en el pueblo, el gobierno se instituye para servir a todos en condiciones de igualdad, el goce pleno de los derechos humanos, la división de poderes, la vigencia del Estado de derecho y la transparencia en la aplicación de los recursos públicos.
Cualquier gobernante que se precie de ser demócrata debe garantizar estos principios inherentes a la democracia. Preocupante es para cualquier sociedad que sus autoridades se alejen de estos valores e impongan acciones que de facto se separan de las reglas democráticas para abrir paso a un estilo de gobierno basado en el voluntarismo personal.
Todo sistema de gobierno por bueno que sea en su estructura y objetivos, tiene el riesgo de desvirtuarse si se aleja de su finalidad transitando a un sistema viciado. El sistema monárquico puede ser bueno cuando el soberano ejerce el poder de manera virtuosa, pero corre el riesgo de desvirtuarse para caer a un sistema oligárquico; el riesgo de la democracia es similar cuando se gobierna al margen de sus valores para deformarse y caer en la demagogia.
En los últimos meses en México se desdeña la legalidad: se concentra el poder y se ejerce de manera discrecional, se atenta contra los equilibrios de los poderes establecidos en la Constitución y se utiliza el poder del Estado para imponer proyectos caprichosos.
La organización ciudadana “Mexicanos contra la corrupción” ha documentado una serie de decisiones que se han tomado en el último año que son preocupantes para preservar los derechos y libertades, así como un obstáculo para el funcionamiento normal de la democracia: la creciente concentración y centralización del poder en el Ejecutivo, las líneas divisorias de los poderes se atenúan y los contrapesos de los órganos constitucionales autónomos se diluyen; cambios legislativos a contentillo del Ejecutivo, nombramientos sin cumplir los requisitos legales (como la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y estrechez presupuestal a los órganos autónomos para debilitarlos.
Como lo señala Ma. Amparo Casar (Revista Nexos, núm. 507, marzo 2020, pág. 22) se repiten “acontecimientos que son un retroceso democrático y muestran un comportamiento caracterizado por el abuso y la incongruencia. La discrecionalidad en la toma de decisiones -al violar o no el orden jurídico- ha sido frecuente”. Como ejemplos están la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el metrobús de La Laguna con una votación a mano alzada y la anulación de una inversión privada por parte de una empresa cervecera en Mexicali de más de mil 400 millones de dólares, con una votación inducida con personas desinformadas de la magnitud del proyecto.
El artículo 21 de la Ley General de Planeación establece que el Plan Nacional de Desarrollo debe precisar “los objetivos nacionales, la estrategia y prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país”, sin embargo se envió al Congreso un documento declarativo con proclamas políticas y deseos benevolentes, sin considerar los requisitos de ley.
Se han multiplicado las acciones de inconstitucionalidad contra las nuevas leyes porque sus disposiciones son violatorias de los derechos humanos, leyes que conculcan los derechos a la seguridad jurídica, a la libertad personal, a la libertad de tránsito y al debido proceso, así como los principios de presunción de inocencia y de excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Estas leyes son producto de iniciativas del Ejecutivo y el grupo parlamentario mayoritario, aprobadas en automático por el Legislativo. Se estima que en la SCJN hay por resolver más de 90 acciones de inconstitucionalidad contra estas nuevas leyes.
En temas de finanzas públicas se refuerza la discrecionalidad y la opacidad, algunos ejemplos ilustrativos evidencian la forma en que se están ejerciendo los recursos públicos: para ejecutar este año, la Cámara de Diputados asignó 212 mil millones de pesos para programas prioritarios tipo U, los que se aplican sin reglas de operación, con simples manuales se puede elegir a los beneficiarios lo cual atenta contra los principios de transparencia, pero más lamentable aún es que de los 20 programas federales prioritarios solo 4 funcionan con reglas de operación. El año pasado únicamente el 13.5% de las obras y compras se hicieron vía licitación pública, mientras que el 78.1% fueron adjudicaciones directas y el 8.1% de invitaciones restringidas, concretándose la violación al artículo 134 constitucional y a la Ley de Adquisiciones. La misma “rifa” del avión presidencial es ilegal porque dicho acto no se ajusta a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
Poco a poco en la práctica el actual gobierno se aleja del principio de legalidad para ubicarse en la discrecionalidad, opacidad, concentración ilegítima de poder, ajustes del marco legal para satisfacer la voluntad personal, extralimitación de facultades; se debilita y vulnera el Estado de derecho, característica de los estados totalitarios y demagógicos.
Nuestro sistema democrático construido con grandes esfuerzos por la sociedad y el Estado corre riesgo de regresión. Es el tiempo de los ciudadanos, quienes de manera libre e informada acudirán a las urnas el próximo año para renovar la Cámara de Diputados. El resultado de estos comicios determina si seguimos en el rumbo trazado por el actual gobierno o se da un giro en los contrapesos del poder para revalorar nuestra democracia, en beneficio de México.
