Establece la Constitución Mexicana uno de los principios fundamentales de la democracia, que el poder es uno solo; pero para su ejercicio se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que provoca pesos y contrapesos, a fin de que ninguno de los tres pueda ejercer el poder de manera absoluta. De ahí que la norma máxima establece una serie de facultades para cada uno de los poderes a fin de que ninguno prevalezca sobre los otros dos, con lo que se establece un equilibrio necesario para operar de manera eficaz el sistema democrático.
Esto a la luz de la decisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia (Poder Judicial) de prohibir a la Cámara de Diputados de utilizar la nueva Ley Federal de Remuneraciones para fijar salarios que los servidores públicos recibirán en 2019. Situación que interrumpe la aplicación del contenido de dicha Ley mediante la suspensión, en la acción de inconstitucionalidad promovida por Senadores de oposición, que solicitaron a la Corte invalidar dicha Ley aprobada por la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, integrada por MORENA y PT.
La iniciativa de Ley contiene una de las principales promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de bajar de manera sustancial los salarios de los servidores públicos de los tres poderes y los órganos autónomos, a fin de que ningún servidor público pueda ganar más de los 108 mil pesos mensuales que ganará el actual presidente.
Ahora los diputados federales al aprobar el presupuesto de egresos 2019 en los próximos días, fijarán los sueldos de los servidores públicos únicamente con reglas establecidas en la Constitución y no en la mencionada Ley, la que no podrá aplicarse gracias a la resolución judicial.
Los salarios tendrán que ser fijados con base exclusivamente en lo que prevén los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución; justamente este último artículo señala que la remuneración de los funcionarios es irrenunciable.
La prohibición a los diputados para utilizar la nueva Ley de Remuneraciones no significa que los salarios de los funcionarios, senadores, diputados, ministros, jueces, permanezcan igual que en el ejercicio 2018, pero lo que sí obliga a los legisladores a decidir solamente conforme a lo establecido en los preceptos constitucionales.
¿Qué pasa entonces con la promesa de campaña de López Obrador? Tendrá que esperar la resolución definitiva de la Corte, que será seguramente hasta el próximo año, cuando los diputados ya hayan definido las remuneraciones para el año 2019 con los fundamentos que los venían fijando.
Estamos ante una de las muchas promesas de campaña que llevaron al nuevo presidente al poder y que su implementación en la realidad no será fácil de cumplir, porque hacer cambios profundos no se trata simplemente de expresar una voluntad ante las masas, sino de dialogar y lograr consensos con los diversos actores políticos que intervienen en un sistema democrático. Al aprobar la Ley, los grupos parlamentarios de MORENA y PT fueron soberbios aprovechando su mayoría, desdeñaron los argumentos de los otros grupos parlamentarios que señalaron en la tribuna de ambas cámaras que la forma y el contenido de dicha Ley es anticonstitucional, simplemente prestando oídos sordos a los demás, la aprobaron y hoy no podrán aplicarla.
Cuando se trata de propuestas fantasiosas y espectaculares la terca realidad se empeña en poner las cosas en su lugar. Hoy el Poder Judicial le ha dado un golpe de realidad a quienes sostienen que es fácil ejecutar “transformaciones”, y seguramente vendrán otros casos similares en los que el tramo del dicho al hecho es muy grande. Que sabiduría la de los pensadores liberales franceses -especialmente Montesquieu- al dividir el ejercicio del poder en tres y que sabiduría de los liberales mexicanos al establecer en las constituciones de 1824, 1857 y 1917 la división de poderes como uno de los principios fundamentales de nuestro orden constitucional.
