La división de poderes es uno de los principios fundamentales de todo sistema democrático, toda vez que evita que el poder público se concentre en una sola persona -como sucedía en las monarquías medievales- ó en un pequeño grupo de personas dando paso a las oligarquías.
El poder en todo régimen democrático se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El primero tiene la función principal de hacer las leyes que rigen la vida de una sociedad permitiendo la igualdad de todos los individuos; mientras que el Ejecutivo tiene la facultad de hacer que las leyes se cumplan teniendo el uso exclusivo de la fuerza pública, además de administrar los recursos públicos que recauda de los contribuyentes, y por su lado el Judicial es que aplica la ley a los casos concretos, para que quien viole las normas reciba la sanción correspondiente, además de cuidar la legalidad y constitucionalidad de todos los actos de autoridad.
Es natural que en el ejercicio de las facultades se presenten desavenencias entre los integrantes de los poderes, de ahí la importancia que siempre haya espacios abiertos para el diálogo y comunicación que permita superar diferencias. Cada poder tiene su ámbito de competencias claramente delimitado en la Constitución, de ahí que ningún poder está por encima de otro, los tres tienen la misma trascendencia, ya que sus atribuciones son de suma importancia, siendo lo ideal una plena colaboración de poderes.
La vigencia del estado de derecho es uno de los principios centrales de la división de poderes, por eso lo que hemos visto en México en las últimas semanas es preocupante: una campaña de desprestigio de un poder en contra de los integrantes de otro de los poderes, calificándolos como enemigos del pueblo, por sus salarios, teniéndolos por inmorales, con lo que se provoca la polarización social. Se trata del Poder Judicial, sin el cual no funciona la democracia, porque es el que revisa y califica los actos de las autoridades -del nivel que sean- que no se ajustan a la ley y a la Constitución.
La autonomía del Poder Judicial es una condición necesaria para garantizar el acceso a la justicia para todos los gobernados, al igual que el respeto al debido proceso. Estamos hablando de tema central para que la vida institucional permanezca y se fortalezca.
Hay que recordar que México ha ratificado tratados internacionales (cuyas disposiciones son obligatorias conforme al artículo primero constitucional) en los que se protege la autonomía del Poder Judicial como órgano de control constitucional y la obligación de todas las autoridades del país para obedecer sus resoluciones.
En las condiciones actuales en México -que no se repetían desde antes de 1997-, lo que decide el Poder Ejecutivo se obedece en el Legislativo gracias a una amplia mayoría de legisladores en ambas cámaras del partido ó movimiento preponderante, de ahí que el único reducto que nos queda para la defensa de las instituciones y mantener el equilibrio, es defender la autonomía del Poder Judicial.
Por eso cuando el 13 de diciembre el nuevo Presidente de la República acudió al informe de labores del entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, este Ministro le dijo al Jefe del Ejecutivo, “por la fuerza nada, todo por la vía del Derecho”. Ciertamente por el carril del Estado de Derecho podemos seguir siendo una sociedad con viabilidad social, por la fuerza y la sumisión nada se logrará.
