La política social es el instrumento con el que cuenta el Estado en su responsabilidad de regular y participar en la adecuada distribución de la riqueza social con el fin de evitar desequilibrios sociales que privilegien a algunos y marginen a otros.
Los programas sociales constituyen estrategias que surgen de la necesidad de mejorar la calidad de vida de todos, especialmente de los segmentos más vulnerables, de ahí que se orientan a la búsqueda de generar condiciones de igualdad. Su objetivo es que todos, sin distinguir su condición económica, social, étnica, religiosa o el lugar que habitan, cuenten todos con un piso mínimo de igualdad en el acceso a servicios básicos como el agua potable, drenaje, vivienda, contar con atención a la salud y la educación, así como oportunidades de empleo.
Cada gobierno diseña las políticas públicas que considera más eficaces en base a indicadores sociales que muestran e identifican la necesidad de cada sector en específico.
En México a lo largo de los años, conforme pasan las diferentes administraciones, cada gobierno al iniciar su periodo revisa el avance y logros que ha tenido cada uno de los programas implementados; verifica si se atienden las observaciones que efectúa anualmente el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) y su efectividad en relación con los años anteriores. De esta manera se evalúa y con elementos objetivos se toma la decisión de mantener un programa vigente o se decide modificarlo.
Si bien es sabido que hay una ruta institucional, con elemento de evaluación objetivo basado en indicadores de desempeño acordes con los mejores estándares internacionales, hoy estamos observando en el gobierno que inicia que sus programas sociales surgen para entregar recursos económicos de manera directa a los ciudadanos más vulnerables, por tanto la política social va en función paralela del objetivo político del gobernante en turno, utilizando los recursos del Estado y su posición de poder para obtener un beneficio político. Es así que los programas tienen un encauzamiento clientelar.
La idea del clientelismo alude a una metodología desarrollada por los gobernantes que consiste en otorgar ciertos beneficios a otras personas a cambio de “favores” extraoficiales. Los politólogos Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser lo definen como «un modo particular de intercambio entre grupos de electores y políticos, gracias al cual los votantes obtienen bienes (pagos directos o acceso privilegiado a empleo, bienes y servicios, por ejemplo) a condición de que apoyen electoralmente a un patrón o a un partido determinado».
Este gobierno, como se ha mencionado insistentemente, es un gobierno de tintes populistas, forzando los programas sociales, convirtiéndolos en programas 100% clientelares, dejando de atender de raíz la problemática social de pobreza y desigualdad que existe en México.
En lugar de promover una política social productiva que incentive la producción y el desarrollo pleno de los mexicanos para elevar la creación de riqueza y la productividad, el Gobierno Central ha puesto en marcha de manera intensa esquemas de corte populista que generan más incertidumbres que certezas, porque bien sabemos que los segmentos frágiles e indefensos al recibir recursos económicos de manera directa no los destinan a realizar una actividad productiva que los incorpore a la población económicamente activa y en el futuro los haga independientes de la dádiva gubernamental.
Si agregamos a lo anterior que además hoy casi todos los programas se operan con la máxima opacidad al faltar reglas de operación claras, sobre todo aquellos mediante los cuales se entregan recursos de manera directa, sin planeación, ni objetivos de mediano y largo plazo, a través de la “utilización” de los programas sociales.
Se busca a toda costa, romper con el pasado y eso ha implicado echar para abajo todas las reformas transformadoras de gobiernos anteriores cuya pretensión siempre fue construir los cimientos de la estabilidad económica y social de nuestro país; en contraste, ahora toda decisión de gobierno que debe contar con bases técnicas viables, se implementan a la luz de posiciones ideológicas, sin tomar en cuenta experiencias exitosas pasadas y mucho menos los indicadores que nos han dejados cientos de investigaciones a través de la historia.
Han modificado y reasignado indiscriminadamente los recursos de los programas sociales, afectando a grupos sociales vulnerables, sin considerar que algunos de los programas eliminados tenían objetivos claros para aumentar las actividades productivas de las personas, con beneficios tangibles a los diversos sectores de la sociedad. Adicional a ello, se abandonó la normatividad de los programas, dejando al libre albedrío de los funcionarios que “administran” los recursos, quienes podrían utilizarlos con fines políticos, cayendo en la tentación del clientelismo político absoluto.
Este uso clientelar de los programas sociales es uno de los “riesgos y focos de alerta” identificados por muchos analistas internacionales, quienes han identificado un riesgo latente para México, al caer en errores que ya padece la población mayoritaria de otros países de corte populista.
La situación de pobreza que se vive actualmente en nuestro país, es grave; situación que obliga al actual gobierno a diseñar una política social de Estado con una visión amplia para combatir la desigualdad, disminuir los rezagos sociales, garantizar un piso mínimo de servicios básicos y oportunidades para todos, pero de manera especial poner al alcance de los sectores frágiles socialmente opciones para la productividad y el desarrollo de sus potencialidades físicas e intelectuales, solo así se implementa una política social seria, estable y con resultados a mediano y largo plazo, de otra forma caminaremos hacia atrás, creando “mini programas” sociales opacos, susceptibles de ser empleados con fines electorales y clientelares, los que siempre serán de corto alcance, mientras la desigualdad seguirá creciendo y la disminución real de la pobreza tendrá que esperar una mejor oportunidad, aunque aparezca un día sí y otro también en el discurso diario de quienes gobiernan.
