Obligadas por la pobreza, la discriminación, la violencia política, racial y/o religiosa, cerca de 80 millones de personas en el mundo se han visto en la necesidad de abandonar sus países de origen, adquiriendo en otra nación la calidad de refugiados, con lo que su situación social y económica empeora, pasan al nivel más alto de vulnerabilidad, sobre todo si se considera que en los tiempos que corren los efectos de la pandemia agravan sus condiciones de vida.
Adquirir el carácter de refugiado es una tragedia humana; todos los días, contra su voluntad hombres y mujeres en diversas latitudes del orbe deben abandonar su país, dejando atrás familia, cultura, tradiciones, forma de vida e incluso patrimonio. Huyen porque su seguridad, su libertad o su vida corren un peligro inminente; temen la acción del Estado o de grupos de poder en su contra; buscan refugio en una nación distinta a la suya, en la que en la mayoría de los casos enfrentan -además del temor fundado de sufrir un daño- dificultades al integrarse a una sociedad con distinta idiosincrasia, que los excluye por cuestiones de idioma, sistema económico, interacción social, cultural y religiosa.
El panorama es incierto para un refugiado, de entrada, son arrojados al último escalafón social en cuanto a oportunidades de trabajo, seguridad, educación, salud, esparcimiento, entre otros aspectos. Nuestro país debe resolver las solicitudes vigentes y actuales de cerca de 80 mil personas que buscan refugio dentro de nuestro territorio, cifra que se incrementa todos los días en las instalaciones de los refugios temporales por quienes huyen de la violencia intrafamiliar, la pobreza o el abandono que se origina en las condiciones especiales (y distintas) de nuestras fronteras terrestres.
La situación es similar tanto para los que vienen de fuera como para los mexicanos que también buscan refugio temporal en su propio país: en lo que atañe a los migrantes, las políticas migratorias han tenido turbulencias al considerarse a México en la categoría de “tercer país seguro”; condición que incrementa la demanda de refugio temporal por quienes -por causas diversas- han perdido sus ingresos o se encuentran en peligro de perder la libertad, su integridad física e incluso la vida.
Un elemento adicional es la cruda secuela de violencia de género que se ha intensificado durante los últimos meses de confinamiento a causa de la pandemia. La Red Nacional de Refugios señaló que en los últimos 7 meses se rescataron a 36 mujeres por violencia en sus hogares y se proporcionaron más de 25 mil intervenciones en números de emergencia y redes sociales. Las cifras aumentaron un 50% respecto del 2019 cuando aún no comenzaba la emergencia sanitaria ni las condiciones económicas del país eran tan adversas.
Según estimaciones de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, conforme pase la pandemia, las solicitudes de refugio y asilo en México podrían incrementarse; sin embargo, para el 2021 de manera inexplicable el presupuesto de egresos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) disminuyó 14.34% respecto del año en curso en el que se asignaron tan sólo 47 millones de pesos. Si el problema tiende a agravarse, la respuesta correcta del Estado Mexicano debería ser la de fortalecer su arquitectura institucional, incrementar las capacidades para atender a quienes tienen la desdicha de caer en tal situación. Desgraciadamente la respuesta, al igual que en otros temas de protección de los Derechos Humanos, es adversa e inexplicable.
Ante el contexto, en el que se contarán con menos recursos y previsiblemente más solicitudes de atención, son preocupantes los riesgos sanitarios que se derivan del hacinamiento, la falta de servicios básicos como agua y la falta de alimentación a la que se exponen miles de personas vulnerables.
Mark Manly, representante de México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), advirtió que la pandemia no ha frenado el flujo migratorio proveniente de Centroamérica. Aunque tuvo un descenso entre marzo y agosto, a partir de septiembre han aumentado las solicitudes de refugio. El Gobierno de México está obligado a revisar y ajustar las decisiones tomadas a partir del contexto de la pandemia y ajustar lo que no esté funcionando.
En asuntos de protección a los Derechos Humanos, el Gobierno de México no debe buscar excusas para atender sus responsabilidades establecidas en los tratados internacionales y en la propia Constitución, hay temas que se deben asumir con alto sentido de responsabilidad, bajo los principios de universalidad, internacionalismo, trato humanitario y fraternidad universal.
Hay rubros presupuestales en los que se deben generar ahorros, pero hay otros en los que la visión es distinta por tratarse de atender a seres humanos en condición vulnerable. La protección a los Derechos Humanos de quienes ingresen a nuestro territorio en busca de refugio debe reflejarse en la voluntad política, y ésta concretarse en el presupuesto para atenderlos, de otra manera -en este asunto también- navegaremos en el terreno de la demagogia.
