La Ley Federal de Austeridad Republicana, que fue aprobada con una votación de 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, busca regular la sobriedad en el gasto público, así como contribuir al manejo de una administración eficaz de los recursos públicos.
Objetivo loable de esta nueva norma que busca la aplicación de mecanismos para aprovechar mejor los recursos, evitar dispendios y una aplicación eficaz de los presupuestos.
Sin embargo hay un tema contemplado en la Ley que ha despertado una gran polémica en la opinión pública, se trata de la restricción para que los servidores públicos de alto rango puedan trabajar en ciertas empresas de la iniciativa privada durante los 10 años siguientes después de haber concluido su encargo, situación que representa un veto para que los exfuncionarios trabajen en la iniciativa privada en ramos relacionados con su desempeño en el servicio público.
Los gobiernos de todo el mundo siempre buscan incorporar en las diferentes áreas de la administración pública a los mejores ciudadanos, los más capacitados, los expertos en temas técnicos, los que saben resolver problemas de manera oportuna y positiva, los que cuentan con vocación de servicio y además están dispuestos a disponer de todo su talento y tiempo al servicio del Estado.
Dentro de la amplitud y diversidad del sector público hay dependencias que para cumplir con sus atribuciones requieren contratar a verdaderos especialistas, los más expertos del país, los más visionarios. Bien sabemos que en México cada seis años cuando inicia una nueva administración se realizan cambios de funcionarios en los altos mandos y son sustituidos por otros que regularmente tardan entre uno y dos años para entender, para tomar el control y para tomar decisiones acertadas acerca de los asuntos que tienen sus áreas de responsabilidad; perdiendo la continuidad de muchos temas y obras que deberían estar al margen de los tiempos políticos, sin embargo esta situación no se respeta y es como si cada seis años se reinventara el país, partiendo de cero; quienes llegan se obsesionan en borrar todo lo realizado antes e imprimir a todo el sello “personal o el de su equipo”.
Para armonizar la nueva Ley de Austeridad Republicana con otras normas se modificó también el artículo 24 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde se especifica de igual forma que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior “no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”. Esto por considerar que los servidores públicos que tuvieron acceso a información reservada o confidencial pueden utilizarla para favorecer a alguna(s) empresa(s) o al personaje que estuvo al frente de un cargo relevante, dando prioridad al interés personal, por encima del interés general que representa el Estado.
La nueva ley prevé evitar cualquier tipo de acto que derive en corrupción al incorporarse el exfuncionario a alguna empresa con la que se tuvo relación, obligándolo a separar los intereses económicos que estén relacionados con la materia o que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas que signifiquen un conflicto de interés.
Que una ley impida a los servidores públicos trabajar por 10 años en el sector en el que se han especializado por décadas, significa atentar contra sus carreras y afectar su vida profesional. Esta disposición de la nueva Ley de Austeridad Republicana será una desgracia para muchos profesionistas que prestan sus servicios de manera honesta el Estado Mexicano, porque los está orillando a renunciar a las áreas estratégicas, especializadas y sensibles del gobierno, tales como: seguridad pública, sistema bancario gubernamental, educación, salud, desarrollo urbano, energético y de telecomunicaciones, entre otras.
El abogado especialista Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma, está tramitando un buen número de amparos, sumando al menos cinco mil; él comenta que “esta Ley de Austeridad Republicana es el apocalipsis de la Administración Pública, porque no sólo termina con las prestaciones de los funcionarios y reduce sus salarios; sino que, además, les impide trabajar por 10 años en el sector privado. Las renuncias masivas que ya se están presentando obedecen a que prefieren entregar sus cargos antes de que les aplique este veto una vez publicada la nueva Ley en el Diario Oficial de la Federación”.
De la misma manera, Fernando Sentíes, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC) ha dicho que la restricción de 10 años para trabajar en el sector privado después del paso por el gobierno es excesiva y provocará además una desbandada de personal de la administración pública. Detalla el profesionista que solamente los trabajadores de gobierno que opten por ampararse con esta ley y que ganen el recurso legal quedarán protegidos ante la restricción de no trabajar hasta después de 10 años en el sector privado.
En Estados Unidos, este tipo de restricciones para trabajadores públicos, para un fenómeno conocido también como “puerta giratoria” es de cinco años, en España, Japón, Reino Unido y Países Bajos el tiempo de espera es de dos años. Considero que para México el plazo ideal para restringir el trabajo de exfuncionarios en las empresas privadas relacionadas con su encargo, es de cinco años; me parece que 10 años es un exceso legislativo que al final atenta contra la propia administración pública.
Pero cuando se tienen mayorías tan amplias en las Cámaras del Poder Legislativo no se escuchan los argumentos sensatos, como los de varios diputados y diputadas de oposición, incluyendo a la propia diputada por Morena Tatiana Clouthier -mujer cercana al Presidente- quién advirtió de los riesgos que conlleva un veto de tan largo plazo, pronunciándose por cinco años.
Pero la consigna por cuestiones de imagen del Ejecutivo prevaleció sin rubor alguno y la mayoría aprobó esta disposición que tendrá efectos negativos al objetivo buscado de mejorar la administración y evitar el conflicto de interés.
