La libertad de manifestación es un Derecho Humano consagrado en la Constitución Política Federal. Bajo tal premisa, el Estado mexicano asume no solo la obligación de respetar el ejercicio de tal derecho, también tiene que garantizarlo.
Así que debe evitar cualquier acto que menoscabe el pleno goce del derecho de manifestación de quienes deciden salir a la calle para gritar su inconformidad contra cualquier acto u omisión que consideren les afecte.
Todo indica que los gobiernos hacedores de lo que ellos mismos llaman como la Cuarta Transformación -el de la presidencia de la República y el de la Ciudad de México- entienden a la perfección la limitación que el texto constitucional les impone, en las manifestaciones que han ocurrido en la capital del país desde que son gobierno no han participado.
Sin embargo, parece que olvidan la existencia de un principio fundamental, aquel que establece que el disfrute y ejercicio de los Derechos Humanos –como el de cualquier tipo de Derecho- está sujeto a la limitante del respeto de los derechos de terceras personas, esto es, no se puede violentar o transgredir la esfera jurídica que protege a una persona en nombre de la libertad de ejercicio de un derecho humano.
Para el caso específico del derecho de manifestación, el artículo 6° constitucional preceptúa: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público […]”.
En la manifestación que se realizó en favor de la despenalización del aborto, en el marco del día de la acción global por el aborto legal, seguro y gratuito, un grupo de mujeres encapuchadas causaron severos daños en bienes de propiedad privada y pública a lo largo de su transitar por Paseo de la Reforma para llegar al Zócalo, hicieron pintas a monumentos históricos e incendiaron la puerta de la Cámara de Comercio y la de una librería, ante el temor de quienes se encontraban dentro y de la increíble pasividad de los elementos de la Policía.
Hemos señalado en otras reflexiones que la tolerancia del gobierno ante actos de esta naturaleza y magnitud cae en el absurdo, bajo el pueril argumento del respeto al derecho de manifestarse y al de no caer en provocaciones se está permitiendo expresamente se ataque la vida privada y los derechos de terceros, se cometan delitos y se perturbe el orden público, aunque lo más lamentable, se está lanzando un mensaje de debilidad del Estado sin precedentes.
La cuantificación de los daños causados en las más recientes manifestaciones puede alcanzar montos considerables, pero lo más tremendo es ver cómo los comerciantes y personas ajenas a las decisiones del gobierno padecen de la impunidad de que gozan quienes se encapuchan para lesionar sus bienes.
Al momento de escribir esta reflexión faltaban dos días para el 2 de octubre, fecha en que se conmemora el aniversario 51 de la matanza de Tlatelolco, se esperan manifestaciones, destrozos, saqueos y delincuencia en la Ciudad de México ese día, deseamos no ocurra así, pero en su caso, esperamos que la autoridad cumpla con su labor de salvaguardar la integridad y propiedad de los habitantes y comerciantes que no tienen nada que ver con el hecho sucedido en el lejano 1968.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, incumplen con la obligación que asumieron cuando protestaron el cargo que ocupan, no hacen respetar la ley a quienes causan perjuicio en nombre de la libertad de manifestación, y eso, eso también es corrupción.
