La carrera política del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha cimentado en gran medida en las acciones llamadas por él mismo como de “resistencia civil”, que no son otra cosa que bloqueos, paros, marchas y manifestaciones contra el gobierno.
Estas acciones mantienen prácticamente secuestrada a la ciudad y a la población, quien además debe asumir las mermas que de ellas resultan, tanto económicas como de molestia.
Basta con echar un vistazo al extenso currículum de AMLO para encontrar, entre otras muchas cosas, que en sus inicios, allá por la década de los 90’s, bloqueó en un sinnúmero de ocasiones los pozos petroleros en su natal Tabasco, que organizó una marcha de Tabasco a la Ciudad de México en 1994 tras perder la gubernatura, y que en 2006 cerró Paseo de la Reforma cuando perdió la elección presidencial. Estos hechos dejaron cuantiosas pérdidas económicas al país, amén de la consabida molestia ciudadana.
Hoy AMLO vive un acontecimiento similar; un grupo de maestros adheridos a la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mantiene desde hace aproximadamente 30 días un bloqueo a las vías del tren en Uruapan, Michoacán, lo que impide el tránsito de mercancías; reclaman entre otras cosas el pago de salarios y la asignación de plazas.
Sin embargo, en la similitud del hecho existe una pequeña diferencia, en esta ocasión AMLO no es quien bloquea, es el presidente de México y quien debe resolver el entuerto; los empresarios organizados están al borde del paroxismo, las pérdidas económicas son considerables, se estima que ascienden a los 25 mil millones de pesos, según datos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Pero lo verdaderamente preocupante para el país es que el presidente de la cuarta transformación no sabe qué hacer, su naturaleza está en organizar bloqueos, no en evitarlos o resolver los que se presenten. Está tan perdido que dio un paso increíblemente fuera de todo sentido razonable, instruyó al Consejero Jurídico del gobierno federal a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el bloqueo; quiere que le digan qué debe hacer.
AMLO olvida que el Estado -o sea él en una parte como presidente- es una autoridad, así que no puede interponer quejas contra ciudadanos; la CNDH se creó para que sean los ciudadanos quienes se quejen de la autoridad cuando les vulneran sus derechos humanos.
También olvida que como autoridad debe ejercer el poder que por delegación ostenta, lo que implica hacer uso de la fuerza pública cuando sea necesario; pero lo más lamentable, olvida que el presidente es él.
Así entonces, no puede solicitar a otra instancia le diga que hacer; no creo que la CNDH sea tan ingenua como para tomar decisiones y asumir responsabilidades que no le corresponden. Lo único que sugirió es lo que hasta el momento no ha funcionado: El diálogo.
En efecto, los “profes” no quieren entender razones y se niegan a levantar el bloqueo si no son atendidas sus demandas, incluso se habla de que los líderes ya fueron rebasados por la base; el gobernador Silvano Aureoles no ha podido resolver y le endosa el tema a la Federación, la verdad es que no tiene dinero para pagar; el presidente se limita a llamar al diálogo, no quiere usar la fuerza pública, total, todo sigue enredado y no hay visos de una solución.
Un presupuesto inherente al ejercicio del poder es el uso de la fuerza de que dispone el Estado para hacer valer el Derecho. Un Estado no puede tener un presidente que no sabe qué hacer. La afectación de los muchos por unos pocos debe ser la premisa que guíe la conducta de AMLO. El uso de la fuerza pública puede hacerse controlado, sin lesionar los derechos humanos, sería un buen reto para este gobierno transformador.
