Una de las características principales del régimen presidencialista es la fortaleza del titular del Poder Ejecutivo, quien es, además del Jefe de Gobierno, el Jefe de Estado.
Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica y creadores del régimen, señalaba en la publicación semanal que denominaron -Madison y Jay junto con Hamilton- el federalista: “Un buen gobierno debe tener como característica sobresaliente la energía del ejecutivo […] Un ejecutivo débil significa un gobierno débil.
La energía que según Hamilton debía tener el presidente era, entre otras cosas, para: 1. Proteger a la comunidad contra los ataques del exterior; y 2. Para la firme administración de las leyes.
El ejercicio de referencia a lo apuntado por Hamilton allá por el año de 1788, viene a colación por los acontecimientos ocurridos recientemente en México, de donde se colige que esa característica o signo distintivo del modelo prototipo del presidencialismo está ausente ahora en nuestro país. Veamos.
A tan sólo 4 meses de iniciada la administración del presidente López Obrador, se han suscitado al menos cuatro eventos que demandaban la intervención del gobierno federal para restablecer el orden y evitar que el grueso de la población resienta los estragos de los entuertos causados por una minoría que busca satisfacer sus necesidades particulares.
Un primer escenario se vivió a finales del mes de enero de 2019, cuando un grupo de “maestros” adheridos a la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), bloquearon las vías del tren en Uruapan, Michoacán, impidiendo el tránsito de mercancías; el costo por el bloqueo se estima que fue por el orden de los 25 mil millones de pesos.
Esta misma organización mantuvo bloqueado el acceso a la cámara de diputados en días pasados; con ello impidieron sesionara la Cámara baja, que tenía agendada la discusión de la reforma de la reforma educativa; los “maestros” quieren meter las manos en el tema de la promoción y asignación de plazas.
Otro asunto son las caravanas de migrantes; desde finales del año pasado, un grupo de centroamericanos decidió llegar a los Estados Unidos para solicitar asilo y mejorar sus condiciones de vida. El presidente Donald Trump acusó al gobierno mexicano de no hacer nada para detener la emigración y amenaza con cerrar la frontera con México.
Al margen del señalamiento de Trump, es dable señalar que miles de personas transitan por nuestro país sin que haya un mínimo de control, no sabemos quiénes vienen, cuántos se van quedando y, sobre todo, quiénes son.
Para finalizar el recuento, señalamos lo ocurrido el 28 de marzo, en San Felipe, Baja California. Resulta que un grupo de marinos detectó y se enfrentó a pescadores furtivos que realizaban en el Alto Golfo de California, pesca de manera ilegal; en el desaguisado hubo un pescador herido por arma de fuego, lo que provocó que un grupo de personas fueran a las instalaciones de la Marina a causar desmanes, ante la pasividad de los encargados de la defensa de las aguas nacionales.
Estos acontecimientos no son en forma alguna menores, ponen en riesgo la seguridad del país por acontecimientos provocados por escenarios del exterior, amén de que no existe una firme administración de las leyes, se coloca a la población en una posición de rehenes de personajes u organizaciones que gradualmente vulneran el Estado de Derecho que supuestamente impera en nuestro país.
La postura del presidente de México es cantinflesca y timorata, pretende resolver estos problemas con chistes o preguntándole al pueblo -parafraseando al mismo presidente- que hacer, sin reparar en que él fue elegido, precisamente para resolver los problemas.
Desafortunadamente el mensaje que se emite desde Palacio Nacional es de una flagrante incapacidad para gobernar, lo que está generando, a su vez, la percepción por demás justificada de que el gobierno mexicano es débil, lo que por ende se traduce en una debilidad del Estado. Mire que en años anteriores no hubiéramos imaginado que personas pudieran impunemente atacar las instalaciones de la Marina de México sin que hubiera consecuencias.
El uso de la fuerza pública es un atributo que tiene el estado, lo que no implica en modo alguno la transgresión a los derechos humanos; estos tienen límites, como cualquier derecho. El dejar que los alteradores del orden público decidan que bloquean, si agreden y cuando se retiran, es un mensaje sumamente peligroso que se envía al interior y al exterior del Estado mexicano.
