Así lo dijo
El pasado domingo uno de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició el segundo año de su mandato constitucional, lo cual ocurrió dentro de un contexto social polarizado que podría tender a darse con mayor intensidad.
Polarización que, comentan los entendidos, tiene su origen en las acciones, posturas, afirmaciones y señalamientos avalados todos ellos por sus fieles, pero que se contraponen con las convicciones, creencias o entendimientos de aquéllos que le guardan rechazo o ciertos resentimientos originados por sus percepciones no compartidas sobre la forma de ejercer el poder del presidente y de sus resultados, que son diferentes o contrarias a los de aquéllos.
Al margen de la polarización y su trascendencia, permanencia, incremento y consecuencias, por ahora sólo se procede a destacar lo que el presidente dijo en vísperas de concluir su primer año de gobierno.
El presidente sostuvo el pasado 27 de noviembre, que durante el primer año de ejercer el poder, se había enfrentado a cinco crisis, las cuales eran: La explosión de Tlahuelilpan que provocó 137 muertos; la masacre de la familia LeBarón; el operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán Loera; la amenaza de la imposición de aranceles por EUA y el asilo de Evo Morales.
Las cinco crisis aludidas bien se podrían calificar en la forma siguiente: Las tres primeras como relacionadas con aspectos de la seguridad nacional, mientras que las dos restantes se podrían vincular con la diplomacia del Estado mexicano, sin dejar de reconocer que la cuarta, de una manera u otra, también podría ubicarse dentro del campo de la seguridad nacional.
La explosión de Tlahuelilpan se podría vincular también con la temática de energía, ello en atención a que se deriva o tiene su génesis de la explotación, producción y distribución de los combustóleos, pero se estima más apropiado insertarla dentro del rubro de la seguridad, y más por el hecho de que no se haya fincado responsabilidad alguna al o a los activos que provocaron la fuga de gasolina y que tampoco se haya identificado al responsable de haber causado la explosión por alguna omisión o falta de cuidado para que la misma no ocurriera.
En lo que se refiere a la segunda y tercera crisis, no cabe duda alguna. Ambas son consecuencia de la falta de seguridad a cargo del Estado.
En el primer caso, porque, no obstante los antecedentes que se remontan al año 2009, al perpetrarse la masacre, no existían fuerzas de seguridad próximas o relativamente próximas que hubieran desalentado o inhibido a los activos para que la misma tuviere lugar, a tal grado que a la fecha se desconoce la causa de la acción delictiva y, por lo tanto, quiénes fueron los sujetos activos y cuál fue la motivación para actuar en esa forma y que se tradujo en la muerte de seis infantes y de tres mujeres, más como en las lesiones a seis menores de edad.
Además de la gravedad de los hechos en sí, los mismos trascendieron las fronteras patrias en razón a la doble nacionalidad de las víctimas, que condujo a que el presidente de los EEUU vertiera amenazas para intervenir en la investigación de los hechos y en la captura de los responsables.
En el segundo caso, la crisis aludida fue ampliamente difundida y se dieron las explicaciones del caso, así como que se informó de las muertes, de los daños causados y de la inseguridad que se vivió el día en que la misma tuvo lugar, así como el hecho relevante de que el detenido fue liberado y lo cual, para algunos, constituyó una especie de rendición del Estado y de las fuerzas de seguridad dependientes de éste; postura que fue justificada por el presidente puesto que se evitó la muerte de inocentes.
Si bien es cierto que la cuarta crisis consistente en la imposición de aranceles a productos mexicanos por parte del gobierno del vecino país del norte, que podría caer dentro del terreno de la diplomacia y de las relaciones comerciales, derivó a consecuencias vinculadas con la seguridad nacional.
Lo anterior fue así porque, para evitar la imposición de aranceles, el país, por conducto del titular de Relaciones Exteriores y de acuerdo a la decisión presidencial tomada al plantearse la disyuntiva de aranceles o control y disminución de las corrientes migratorias provenientes del ser principalmente de migrantes de Centroamérica, se optó por la segunda, para lo cual y para así poder detener el flujo migratorio, el Gobierno destinó un número muy elevado de miembros de la recientemente creada Guardia Nacional y que permitió satisfacer la demanda del país del norte sin que trascendiera en detrimento de los intereses económicos de México, aun cuando con ello se percibiera que la soberanía mexicana había resultado vulnerada. A la fecha, la Guardia Nacional persiste en su rol de contención.
Por lo que se refiere al asilo otorgado al ex presidente boliviano y que fuera presionado por los altos mandos del ejército de aquél país para que renunciara, generó dos posturas encontradas: una a favor y otra en contra. Esta última se ha visto más radicalizada, en atención a la actividad política de aquél con miras a motivar a sus seguidores para que así pudiera tener una opción, cercana o próxima, para regresar a país y liderar a su partido del cual fue su impulsor y constructor que lo llevó y lo sostuvo en el poder por más de trece años nueve meses.
Posteriormente a la identificación y enunciación de las cinco crisis por parte del presidente, se diría que se presentó una más ligada con la masacre de la familia LeBarón, en el sentido de lo manifestado por el presidente Donald Trump, quien afirmara que designaría a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo cual, en automático, tal calificación, al aprobarse en los términos de la legislación de los EUA, podría provocar que México fuere colocado en una situación de vulnerabilidad que, de concretarse, lesionaría gravemente a la soberanía del país y podría también traducirse en graves daños a la economía mexicana.
Sin embargo, se considera que tal amenaza no se concretará ya que se estima que la misma es sólo una más de las que suele esgrimir el presidente estadounidense como estratagema político con miras a obtener su reelección dentro de un contexto también muy polarizado en la disputa por el poder en las elecciones que vienen en noviembre de 2020, y más porque se cierne sobre él una posible destitución del cargo, la cual no se dará.
