Los diputados locales Pablo César Aguilar Palacio y Esteban Villegas Villarreal realizaron declaraciones las cuales no solo hay que analizar sino apoyar y ampliar. Los citados hablan que los legisladores tienen que trabajar muy rápido para que se reasignen los recursos por la pandemia, tanto para el Gobierno del Estado como Ayuntamientos.
Al respecto, es entendible que hoy por hoy la prioridad es el tema de salud, de tal razón, proyectos de obras como calles, puentes (al buen entendedor), se deben postergar. En sí, como dice Villegas Villarreal, hay que “ponerse las pilas” para proteger a la comunidad, lo cual se me hace bien y sería mucho mejor que más allá de ponerse las pilas, también la clase política, en específico la alta burocracia, se ponga la camiseta.
Comprensible, que ante la emergencia sanitaria que vino a agravar la crisis económica, se tenga que llevar a cabo un plan de austeridad y de reasignación de recursos, pero lo ideal sería que ambos apartados se hicieran con un enfoque de cambiar toda la configuración del modelo. Siendo específico tiene que pasar de ser piramidal (oneroso y abusón) a horizontal (parejo) y así reivindicar la congruencia, servicio público, servidores del pueblo, no como está al revés, los que se sirven de éste y con la “cuchara grande” (gandallismo político).
Un verdadero ahorro parte de llevar a cabo ajustes o recortes estructurales, tan solo por citar algunos ejemplos y de corte nacional: 1).- Eliminar la costosa y sustituible dualidad organizacional electoral; no es posible que con tantas necesidades y pobreza, en México se cuente con instituciones federales y estatales, lo que representa una plantilla laboral de 15 mil burócratas. ¡Inaceptable!, y máxime cuando ya existe mucha tecnología de comunicación. ¿Por qué no introducir el voto electrónico? De entrada, eliminar todas las instituciones locales en la materia, eso generaría un sustancial ahorro, el cual se puede recanalizar a otras prioridades sociales. 2).- Eliminar el Sistema Anticorrupción. Ya basta de financiar con recursos públicos un bodrio que por su naturaleza es disfuncional y sumamente oneroso. Increíble que salga más caro que la corrupción misma. ¿Qué no se tiene con las auditorías superiores, contralorías? En este país lo que sobra son instituciones y leyes, lo que falta son políticos patriotas que las apliquen.
Pasando de lo estructural a lo circunstancial, de entrada reducir el gasto de todos los poderes, así como lo hizo el Ejecutivo federal, el cual presentó un plan que por cierto es muy cuestionable; pero analizar el mismo no es el tema. Retomando lo superfluo, no es posible que el Poder Legislativo en general (cámaras de senadores y diputados y todos los congresos locales a nivel nacional) en un año de ejercicio gaste en él 28 mil millones. Para ubicar, la carretera Durango-Mazatlán en 12 años tuvo un costo de 24 mil millones, y lo peor, se hacen costosas leyes a modo (a modo que no funcionen. ¡Arriba la impunidad!).
Ahora, entrando a lo local y retomando lo de “ponerse las pilas” y de paso “la camiseta”, al igual que la alta burocracia (de todos los poderes) apliquen la austeridad. Empezando por el Gobierno del Estado, donde los salarios de los titulares de las 13 Secretarías, que van desde los 75 a los 91 mil, más jugosas prestaciones, es incongruente con la mayoría de los duranguenses que ganan el mínimo (123 pesos). Y trasladándonos al Congreso, los 25 diputados reciben 93 mil y fracción, lo cual es inaceptable, reitero, ahí sí que no solo se pongan las pilas, sino la camiseta, que dignifiquen el ejercicio de la administración pública pregonando con la congruencia (el jefe dice vayan, el líder va por delante) ¡Esto va mucho más allá de donar el sueldo! Y ya que estamos hablando de congruencia y empatía con la ciudadanía, que los 19 magistrados que obtienen insultantes sueldos (110 mil pesos promedio) se los reduzcan pero a la voz de ya, y ya encarrerados que también los regidores capitalinos hagan lo propio. ¿Cómo es posible que obtengan sin devengar 50 mil pesos mensuales, aparte con asistentes. Aquí cabe preguntar ¿quién le es más útil al pueblo?, ¿un regidor o un policía?, ¿un diputado o un doctor? ¡Obvio!
Concluyo razonando que de lo malo puede venir lo bueno; toda crisis es una oportunidad para replantearse y superarse. Bienvenido el Covid-19 como factor que propicie cambios necesarios e impostergables en beneficio comunitario.
NOTAS CORTAS
• Según el secretario de Salud en el Estado, Sergio González Romero, la ciudadanía no ha atendido el llamado “Quédate en casa”, lo que se traduce que apenas un 17% ha acatado las medidas de confinamiento, cuando se requiere un 70% para “aplanar” la curva de contagio: si seguimos confiados en Durango, la propagación se puede desatar y ante tal insolente cuadro, cobra relevancia lo dicho por la Lic. en Enfermería Marcela Rojas Rentería, del Hospital General 450: duelen las agresiones de una parte de la sociedad contra el personal médico por miedo al Covid, pero duele más cuando vemos personas haciendo fiestas. Ante ello mano dura en la modalidad que sea, se puede entender de las personas que tiene que salir y exponerse para ganarse el sustento del día, pero atentar contra la integridad social por otra razón y máxime superflua, es injustificada y repito, debe ser penalizada.
• Ante la adversidad, todos unidos y solidarios mediante esquemas creativos y equitativos. Ante ello, qué bien que la CTM local se aperture a trabajar de la mano con el empresariado para efecto de “salvar el barco” y con ello las fuentes de empleo. Al margen, qué bien que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el sector hotelero se estén organizando para alojar al personal médico que presta servicios contra el Covid, y estos se puedan hospedar en hoteles vecinos con tarifas módicas (de que estén solos, a contar con gente). ¡Unidos y coordinados sí se puede!
• De nuevo, ¿qué pasó con la Auditoría Forense?, ¿qué le sobrarán recursos al ayuntamiento capitalino? el cual tuvo que pedir un crédito para gasto corriente. ¡No entiendo! Hoy en día no solo es austeridad, sino atacar frontalmente la corrupción, de lo contrario es privilegiar la impunidad y ya estamos hablando de complicidad. La malversación o robo de recursos públicos representa un acto de traición al pueblo y a los perpetradores se les debe señalar como traidores a la patria.
