El Índice de Estado de Derecho en México, cuya edición 2020-2021 se lanzó recientemente, es una extraordinaria herramienta que compara el desempeño de las entidades federativas en nuestro país por lo que hace a ocho factores que según el World Justice Project -organización impulsora de este utensilio- enmarcan el concepto que nos ocupa:
Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
En el entendido de que ninguna entidad obtiene un resultado aceptable, pues la calificación más alta fue de 0.47/1 -es decir, ni siquiera la mitad del máximo puntaje posible-, vale la pena observar el orden de los estados y la Ciudad de México en el ranking: 1-Yucatán (0.47), 2-Coahuila (0.45), 3-Campeche (0.44), 4-Querétaro (0.44), 5-Zacatecas (0.44), 6-Aguascalientes (0.44), 7-Nuevo León (0.43), 8-Guanajuato (0.43), 9-Baja California Sur (0.43), 10-Sinaloa (0.43), 11-Durango (0.43), 12-Hidalgo (0.42), 13-Nayarit (0.42), 14-Colima (0.41), 15-Chihuahua (0.41), 16-Tamaulipas (0.40), 17-Sonora (0.40), 18-Michoacán (0.40), 19-Oaxaca (0.39), 20-Baja California (0.39), 21-San Luis Potosí (0.39), 22-Chiapas (0.38), 23-Tabasco (0.38), 24-Tlaxcala (0.38), 25-Jalisco (0.37), 26-Veracruz (0.37), 27-Estado de México (0.36), 28-Ciudad de México (0.36), 29-Guerrero (0.36), Morelos (0.36), Puebla (0.35), Quintana Roo (0.34).
El promedio nacional fue de 0.40/1, y es una seria llamada de atención sobre lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en torno a los tópicos mencionados al inicio de este texto.
La responsabilidad desde luego es compartida, por lo que en tales resultados han contribuido el gobierno y las autoridades pero, por igual, la sociedad civil, carente por lo general de ese sentido de activismo, involucramiento y vigilancia tan necesaria para el avance frontal del imperio de la ley.
Temas como la impartición de justicia deben ser potenciados en un ámbito de confinamiento como el que vivimos en su punto álgido durante 2020, máxime cuando se declaró a tal actividad como esencial. Se pone de relieve la trascendencia de la “e.justicia” y de todo aquello que implique sacar provecho de las tecnologías de información y comunicación para beneficio de los derechos y libertades.
Dentro de los desafíos que se presentan para el Estado de Derecho en situaciones críticas como la que estamos viviendo a causa de la pandemia COVID-19 se pueden contar, por ejemplo, los siguientes: la restricción a ciertos derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la regulación de los estados de emergencia y la distinción entre éstos y los estados de excepción, los estados de alerta u otras figuras que se empleen en el Derecho Comparado, el financiamiento de los seguros de desempleo y el ingreso mínimo vital, el armazón jurídico de la reactivación de la economía sobre todo en un país con un nivel tan alto de empleo informal como el nuestro, por mencionar sólo algunos.
La crisis sanitaria de alguna u otra manera se ha expandido, esparcido y establecido en prácticamente todo el orbe, como una muestra de globalización en una de sus caras menos estudiadas. Tal expansión no sólo ha sido geográfica, pues de la salud pública se ha pasado a la economía, los derechos humanos en general y los derechos sociales en particular o la cultura. En todo ello, definitivamente, el Estado de Derecho debe ser un poderoso aliado para la reivindicación del desarrollo en todas sus vertientes.
