Es un hecho histórico de gran relevancia para la realidad política de nuestro país, el que el próximo día primero de diciembre, asuma formal y jurídicamente el cargo de presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido en los últimos tiempos, el candidato presidencial que ha reunido en torno de su persona, de su partido político, y de la coalición Juntos Haremos Historia, la votación ciudadana más copiosa y contundente, de las más recientes elecciones generales.
Situación que sin lugar a dudas confirma la legitimidad de su posición al frente del Poder Ejecutivo Federal de nuestro País, y confiere certidumbre ciudadana y electoral a la mayoría legislativa de su instituto político en el Congreso de la Unión, incluyéndose en el proceso del pasado día primero de julio, las posiciones dominantes de Morena en las legislaturas locales de varias entidades federativas de la república.
Que Andrés Manuel López Obrador ha conquistado con claridad indubitable en las pasadas elecciones federales el puesto de presidente de la república, ni duda puede caber. Pero también es cosa cierta que,- como se ha dicho repetidamente en varios espacios de opinión pública-López Obrador ha obtenido la presidencia ciertamente, pero todavía no obtiene el poder, pues en efecto, subsisten en nuestro sistema político muchos espacios, sectores, intereses, y factores de decisión alrededor de nuestra vida pública que trascienden el ámbito y la competencia real de los poderes gubernamentales, y que han representado instancias que, por supuesto,- desde el interior del país y desde el exterior del mismo- han procurado, han alentado y han impuesto a los poderes públicos de carácter oficial medidas de autoridad y procedimientos políticos y administrativos que actúan en favor de los propios y particulares beneficios, fines y negocios, de los primeros, con el demérito y la desprotección de los derechos sociales y de los intereses generales de la sociedad, en la gran mayoría de las ocasiones.
Precisamente en favor de una radical reforma y de un cambio de fondo en tal situación, es que ha de explicarse el gran giro de la voluntad popular registrado en las urnas el pasado primero de julio.
Y en esa dirección, precisamente,-y sobre todo en lo que corresponde a la economía general- es en la que se ubica la gran expectativa social en la que se espera, desde luego,- y tal como se ha prometido-, un cambio de régimen de vida, y no sólo un cambio de gobierno. Se espera un cambio en el ser y no sólo en el parecer, de nuestra realidad política y social, y especialmente en ese tipo de transformación, habrá de encontrar el nuevo gobierno, las principales oposiciones y resistencias de parte de los intereses creados.
Se escuchan ya voces de cierta inconformidad, incluso provenientes de personajes y sectores de expresión política, partidarios y simpatizantes de López Obrador, en relación con algunos temas y medidas anunciadas por el propio presidente electo; resoluciones que se han considerado en contradicción con algunas de las promesas vertidas en la campaña electoral suponiéndose que la que será la nueva administración federal ha empezado a hacer preocupantes concesiones a personajes, entidades y sectores de interés de carácter conservador, localizables en gestiones públicas tradicionalmente privilegiados y tradicionalmente opuestas, también, a las prerrogativas generales de carácter popular.
Disentimos: Por ahora, el momento político es el de la suma. Se sabe y se reconoce, desde luego, que las resistencias al proceso de cambio proyectado, se localizan en las estructuras del poder económico, y en las instancias de gestión pública del sistema político en general.
Y es que existen aspectos en el programa esencial de esta etapa política a la que se ha denominado la Cuarta Transformación de la República, que no podrán ser abordados por el nuevo régimen de gobierno, sin el apoyo decidido, fundamental y participativo del consenso y la voluntad populares.
Al parecer, el procedimiento de las consultas públicas forma parte de la estrategia gubernamental con la vista puesta en próximas batallas. Se trata en todo caso de actualizar y dar contenido real a las virtudes cívicas fundamentales de toda acción política y de toda vida social; la dignidad de las personas; la autonomía de sus derechos y la solidaridad de sus deberes y obligaciones.
De éste modo nuestra responsabilidad política nos coloca hoy, en esta oportunidad de cambio, ante la necesidad de trabajar participativamente en la formación y el desarrollo de una cultura cívica que favorezca y aliente nuestro sentido de solidaridad social, a efecto de que cada uno de nosotros sea, no sólo la promesa jurídica que se previene en nuestra Constitución General en el sentido de ser un buen ciudadano, sino que lo sea en efecto, a fin de poder cumplir cabalmente con un deber fundamental de todo ser humano: el deber y la responsabilidad de su propia libertad, y del dominio moral sobre sí mismo.
Por supuesto. Un capítulo fundamental de nuestra historia, está por abrirse. Precisa tener conciencia cabal de ello.
