Seis meses después
A muchas personas podrá parecerles que el transcurso de seis meses, es muy poco tiempo para poder allegarse los elementos de juicio que son necesarios para formarse una opinión y un juicio válido y certero, objetivo, sobre todo-, a cerca de una gestión pública que recién ha iniciado su actividad formal en las funciones del gobierno, en medio de una situación de profunda crisis política y de grave deterioro del sistema en uso y del modelo socioeconómico vigente en nuestro país.
Es cierto que para un régimen administrativo y para un proceso de poder, previsto para operar en el término constitucional de seis años, los primeros seis meses de acción, son insuficientes para poder proporcionar apenas un atisbo o un indicio a la atención pública, de lo que habrá de caracterizar la forma substancial de conducir los destinos generales de la gran comunidad nacional y el impacto que dicha conducción habrá de registrar en las circunscripciones locales y regionales del país, dadas las enormes exigencias de cambios reales y de fondo en nuestro sistema de vida y en nuestra forma de entender la función pública, planteadas por una abrumadora mayoría de nuestra población en el último proceso electoral de carácter federal,…y dado también el hecho evidente y cierto de la gran expectativa que en ese mismo sentido, transformador, ha sabido representar, -y ofrecer- el gran movimiento ciudadano que desde el pasado día primero de julio, se ha convertido en el proyecto gobernante.
Pero ha sido precisamente por eso, -por la gran movilización de conciencias y de voluntades-, que ha traído como consecuencia la gran crisis institucional de nuestras estructuras políticas, además de la creciente depauperación de nuestra economía personal y social, que la atención ciudadana, se ha vuelto más activa y vigilante en relación con el comportamiento y el desempeño de nuestras autoridades, situación que, por lo demás, ha venido siendo favorecida y auspiciada por una nueva forma de interlocución y de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo federal a través de su cotidiana presencia en las tribunas periodísticas nacionales, hecho que, -intención propagandística o no-, ha contribuido determinantemente a poner en el plano de la discusión general, los principales temas del quehacer oficial.
En esa virtud, el relato de la agenda de gobierno, se hace inteligible y se presta a la discusión y a la evaluación pública y general; la figura presidencial se torna clara y transparente aún en sus rasgos personales que más le han sido criticados: su autoridad centralista; el tono beligerante de su discurso; los recortes presupuestales en renglones importantes de la salud pública; proyectos estructurales de obra pública, (el tren maya, el nuevo aeropuerto, el rescate de Pemex, entre otras), la Guardia Nacional y un animado, etcétera que se nutre cada día con nuevos temas que ponen de manifiesto, por lo demás, un saludable ejercicio de la libertad de expresión, virtud ésta última que constituye la realidad de la democracia.
El gran reto histórico para un régimen de gobierno que recién ha cumplido seis meses en el poder, es avanzar por un camino que conduzca, -como decían los antiguos- hacia nuevas realizaciones, sin “errátiles impaciencias, pero también sin parálisis destructivas”. Y sí, se va poco a poco, poniendo las bases de un programa de largo aliento, pero también de acciones perentorias.
La necesidad de consolidar y extender la base humana del sistema político, es urgente e inaplazable para un aparato de poder que, a seis meses de distancia, sigue contando con el gran respaldo popular que recabó en las urnas en las últimas elecciones federales y que es promesa, a la vez que garantía, para respaldar su independencia de acción frente a sus situaciones adversas: la naturales y las humanas; las de dentro, y las de fuera.
Por eso es que, en el momento han surgido, -a pesar de su corta temporalidad-, muy diversas y muy nutridas opiniones en relación con las acciones y los comportamientos del nuevo régimen federal.
Por nuestra parte nos permitiremos decir, que este nuevo interés público en relación con la acción de sus gobernantes, es en sí, saludable, y benéfico. Demuestra nuestra creciente y animada voluntad, de “renovarnos sin destruirnos”.
