Acaba de ser presentado el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 del World Justice Project, el cual revela múltiples elementos deficitarios cuando se alude a la fortaleza de las instituciones, el impacto de la ley en el quehacer público y los equilibrios entre gobiernos y sociedad civil.
Si bien es cierto que algunos de dichos elementos ya eran notoriamente conocidos desde hace algunos años, el informe referido los pone en perspectiva bajo el contexto de la pandemia Covid-19 que aún estamos padeciendo y la llamada “nueva normalidad” que en algún momento se instalará en nuestra cotidianidad.
Además de la visión que se pueda tener desde los órganos jurisdiccionales propiamente dichos -ya que en la labor de jueces y tribunales se puede calibrar de alguna u otra forma el Estado de Derecho con un ángulo más aterrizado y cercano a la realidad social-, el Índice subraya el valor de ocho rubros cualitativamente hablando, tales como las restricciones en los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.
Como seguramente vaticina el amable lector, los resultados vistos globalmente no son muy halagüeños en las entidades federativas mexicanas, pues se aprecia una oscilación entre el retroceso y el estancamiento.
Sin distingos partidistas y/o ideológicos, el desempeño de los estados en el país deja que desear ante los retos que en los ocho tópicos ha traído consigo la emergencia sanitaria y que, en algunos casos, ha llegado incluso al punto de profundizar. Libertades públicas, igualdad y derechos sociales son tan sólo tres aristas que, de botepronto, se antojan como sumamente complicadas no sólo en la percepción que la ciudadanía pudiera llegar a tener sino en la activación de sus circuitos prácticos.
En esta tendencia que identifica y diagnostica el Índice, el mismo ejercicio puntualiza tres factores que la explican: a) el debilitamiento de los contrapesos a los poderes estatales, b) la reducción por lo que hace a la capacidad y eficacia de los sistemas de justicia penal y civil y c) la detención de la capacidad estatal para controlar la corrupción. En este último aspecto, a guisa de ejemplo, no es de extrañar que el Índice relacione la gran mayoría de sus ítems con el imperativo de combatir eficazmente la corrupción, lo cual sigue faltando.
Teniendo en consideración lo anterior, la endeble institucionalidad en los distintos ámbitos de gobierno debe corregir su rumbo ante lo mucho que hay por hacer en la era pospandémica que ya se asoma. Los derechos humanos han sido violentados no sólo en México sino en diversas partes a lo largo y ancho del orbe, por lo que su protección debe ser una empresa a reforzarse con un tesón amplio y robusto.
Como se decía también con antelación, libertades, igualdad y derechos sociales han sido conculcadas por igual. No ha bastado entonces con una falta de respeto íntegro por dos derechos fundamentales de una relevancia capital para cualquier proyecto vital, tales como el derecho a la vida o el derecho a la protección de la salud, sino que además otras prerrogativas igualmente trascendentes han quedado erosionadas.
Es por eso que ejercicios como el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 son imprescindibles para comprender y mejorar el statu quo. Hay mucho por hacer; se trata de asuntos cuya hechura no le corresponde únicamente a las autoridades sino, con mayor razón, a la sociedad civil.
