“La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”.- Dwight D. Eisenhower
Finalmente, y tras un proceso que se alargó más de lo debido a causa de la pandemia Covid-19, hubo humo blanco en el pleno de la Cámara de Diputados y se designó a las y los nuevos consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Efectivamente, y por un periodo que irá del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029, la Cámara Baja eligió a Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona como integrantes del órgano superior de dirección de un órgano constitucional autónomo de la mayor relevancia e importancia como es el INE.
Llamó poderosamente la atención la capacidad de diálogo, concertación y entendimiento entre las distintas fuerzas políticas representadas en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara referida; más allá de que hubo un “estira y afloja” absolutamente natural antes del entendimiento, los coordinadores mostraron una altura de miras digna de demócratas con causa.
Eso, a fin de cuentas, es la política en sí misma: La voluntad de negociar anteponiendo el interés público a los intereses particulares, cupulares y/o de grupo. Con un amplísimo consenso de las y los diputados federales, avanzó un tema que estaba pendiente en nuestra agenda pública desde que las autoridades sanitarias ordenaron el confinamiento por la emergencia del nuevo coronavirus.
El resultado de la votación en el recinto legislativo de San Lázaro no miente: 399 sufragios a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, esto es, muy cerca de la unanimidad. La oposición actuó con plena responsabilidad política, mientras que el partido gobernante y sus aliados lograron vencer amenazas de fracturas internas; como consecuencia, todo quedó “planchado” para beneficio de la democracia mexicana.
Disentir es un derecho irrenunciable de personas y colectivos, pero ponerse de acuerdo es un logro que se acentúa en tiempos de gobiernos divididos donde nuestro árbitro electoral nacional requiere certeza, certidumbre y legitimidad a raudales. La materia comicial, de suyo compleja, necesita que sus operadores tomen determinaciones y se desenvuelvan en un contexto de claridad, objetividad y transparencia, lo cual se dio con creces y hechos en el caso aquí analizado.
Sobra decir que la trascendencia de ocupar las vacantes que había en el Consejo General del INE se constata por sí misma, habida cuenta de los procesos electorales federal y locales 2020-2021 que ya están a la vuelta de la esquina. Ya no es obra de la casualidad afirmar que cada proceso se va imponiendo al anterior en cuanto a magnitud, desafíos que entraña y necesidad de eficientar los recursos técnicos, humanos y materiales, y en esta ocasión no será la excepción.
Por eso es que la racionalidad en la toma de decisiones en materia electoral se compagina con el requerimiento ineludible de una fortaleza institucional en estos momentos de pandemia y obstáculos en diversos ámbitos, según se decía líneas atrás. Los derechos político-electorales de la ciudadanía como derechos humanos que son, no sobra decirlo, están de por medio.
La construcción de una democracia de calidad es, igualmente, un tópico de convicciones y voluntad política. La sociedad civil es cada vez más vigilante de lo público, por lo que este proceso es una muestra fiel de que cuando hay sintonía de visiones y ajuste a los contenidos constitucionales, la propia sociedad sale ganando.
Una democracia sustancial y no sólo formal precisa de entes públicos con credibilidad de cara a la ciudadanía, en un ejercicio de interacción, reciprocidad e interrelación. Los valores democráticos, por supuesto, se robustecen cuando todas las personas ponen de su parte en un escenario inclusivo, abierto y tolerante.
Es de destacar, por igual, la labor del Comité Técnico de Evaluación en un afán eminentemente meritocrático, buscando la plena idoneidad de los perfiles que finalmente llegaron a tan importantes cargos públicos, desde los cuales la deliberación, la gobernanza y la horizontalidad argumentativa deberán ser puntos neurálgicos para la compleja dinámica electoral mexicana.
La transparencia de todas y cada una de las etapas de esta renovación del Consejo General del INE permitió que no hubiera ni por asomo una posibilidad de repartición de las cuatro posiciones a manera de “cuotas y cuates”.
En suma, la designación de las nuevas y nuevos consejeros electorales representa un logro tanto para el INE como para la Cámara de Diputados y para la democracia en cuanto tal. El fortalecimiento de las instituciones no es algo menor, por lo que tendríamos que esperar el mismo tipo de comportamientos, actitudes y conductas de nuestra clase política en el porvenir.
El imperio de la ley y la vida democrática son un asunto de sinergia, de pluralidad y de institucionalidad.
