“Mañana es sólo un adverbio de tiempo”.- Joan Manuel Serrat
Finalmente, y tras una larga espera de casi cinco años, llegó la conversión de la ya extinta Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República (FGR), cuya naturaleza jurídica, tal y como lo previó la Constitución Federal desde el decreto de reforma del 10 de febrero de 2014, es la de un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano que pasa a engrosar el elenco de entes públicos de este tipo.
Los organismos autónomos se han expendido de una forma espectacular en los últimos doce años, aunque no con los resultados que todos hubiésemos querido. En el escenario de acotamiento de algunas facultades del Poder Ejecutivo que han erosionado las viejas formas del presidencialismo mexicano, hoy en día los entes públicos autónomos tienen un papel estelar en la vida colectiva mexicana, no sin los riesgos, desafíos y retos que le son propios a cualquier proceso de transición a la democracia como el que hemos vivido en las últimas décadas, y el cual, dicho sea de paso, no ha desembocado en la consolidación de forma exitosa; antes bien, vivimos una recesión que de a poco empieza a redimensionarse.
La FGR llega tarde, pero como reza el adagio popular, más vale tarde que nunca. De hecho, la tardanza fue aun más prolongada si se tiene en cuenta que la autonomía del ministerio público es uno de los eslabones perdidos de la reforma penal en materia de seguridad y justicia del año 2008 que, entre otras cosas, introdujo los juicios orales y el sistema acusatorio y oral, de tal suerte que hablamos de prácticamente once años de espera de una transformación que ya era del todo necesaria para mejorar la institucionalidad política en México.
Quizá el tiempo cobre sus facturas como suele suceder en todos los terrenos de la vida, pero lo cierto es que aunque nos hayamos incrustado de forma tardía en un modelo adecuado de investigación y persecución de los delitos en el ámbito federal, lo peor hubiera sido no haber hecho nada.
La ya referida reforma político electoral señaló en su régimen transitorio que, en el caso del tránsito de la PGR a FGR, las modificaciones entrarían en vigor cuando el Congreso de la Unión emitiera la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la propia FGR, lo cual simplemente demoró por falta de voluntad, convicción y compromiso de buena parte de una clase política mezquina.
Por lo anterior es que no debe dejar de denunciarse la exigua o prácticamente nula cultura constitucional, de legalidad y de combate a la impunidad que mostraron todos los políticos involucrados en esta lamentable situación. Ojalá que en el futuro cercano contemos con representantes a la altura de las circunstancias, aunque esta aspiración quizá sea esperar demasiado.
Pero volvamos al terreno de los hechos y dejemos de lamentarnos por ese pasado reciente aunque no lo olvidemos. Tenemos ya una FGR pero ésta tiene enfrente de sí múltiples cuestiones que se presentan justo en el arranque de sus operaciones. Voces como la del colectivo #Fiscalíaquesirva que, entre otros asuntos, buscaban que no hubiese un “fiscal carnal”, no pueden pasar desapercibidas sobre todo en lo concerniente a la operatividad de la FGR.
Este “think tank” apuntaba, por ejemplo, a “que la institución tenga un plan de trabajo que nos permita conocer a los y las ciudadanas los avances de las investigaciones y del trabajo en general de la FGR, garantizando que se persigan de forma prioritaria y efectiva los delitos que más nos duelen y preocupan a los y las mexicanas. Es indispensable que la FGR tenga claro el modelo con el que investigará los delitos y la organización interna para lograr exitosamente esta enorme tarea”.
Aunque esta asociación no quedó satisfecha ni con el procedimiento ni con el resultado de todo el proceso, sus demandas no pueden quedar en vano, sobre todo cuanto insisten en la necesidad de transparentar la actuación de una de las oficinas públicas más opacas y con mayor descrédito del país; ello es algo que debe ser reivindicado tanto por este colectivo como por la ciudadanía en general en sus diversos aspectos.
El procedimiento para la designación del titular de la FGR es algo farragoso y rebuscado, pero camina en buena medida por la interlocución y la deliberación que deben privar en este sentido.
El nuevo escenario de la división de poderes en México, mismo que apunta a una genuina colaboración, coordinación, equilibrio y coadyuvancia entre las distintas ramas del poder público, debe apuntar a relaciones interorgánicas más robustas y fortificadas, de lo cual no pueden escapar desde luego los organismos autónomos por su posición estratégica en la vida pública de nuestro país. En fin, hay bastante por reflexionar pero de entrada es de celebrar la eliminación de la PGR y el paso a una nueva institución que tiene mucho por hacer.
