/ jueves 10 de octubre de 2019

Percepción de la corrupción: no lo es todo pero importa

“Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro”.- Friedrich Nietzsche

En ocasión del Barómetro Global de la Corrupción 2019, “Opiniones y experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción”, elaborado por Transparencia Internacional (TI) y que fue presentado en semanas pasadas –mismo que se analizó en estas mismas páginas editoriales-, se mostraron algunas cifras relevantes sobre la percepción de la corrupción.

Siendo quizá lo más destacado de todo que los mexicanos que perciben un incremento de la corrupción en nuestro país bajaron de un 61% en 2017 a 44% en 2019.

Esta es una buena noticia aunque hay que ponerla en su contexto desde el momento mismo que el Barómetro y otras mediciones como el Índice de Percepción de la Corrupción se refieren precisamente a eso: percepciones.

Las percepciones no son todo cuando se habla del combate a la corrupción pero importan y mucho. A escala regional, se asume que la corrupción es un problema compartido, pues como se lee en el documento de TI, “la mayoría de los ciudadanos sostienen que sus gobiernos no hacen lo suficiente para abordar la corrupción y que los niveles de corrupción aumentaron en los últimos 12 meses en toda la región”.

Ello se traduce, evidentemente, en una falta de crecimiento económico, en una difícil prestación de servicios públicos y en la privación de derechos humanos y dignidad. Resulta meridianamente claro que con la corrupción se conculca de manera directa una muy buena cantidad de derechos fundamentales, sin mencionar sus enormes costos no sólo económicos sino culturales, políticos y cívicos.

Además del “cómo” ve la ciudadanía esa lucha anticorrupción, también es de suma importancia el encauzamiento de instrumentos empíricos e indicadores tanto cualitativos como cuantitativos que constaten en el plano institucional los resultados de un esfuerzo de Estado por tener mejores prácticas de ética pública.

Es decir, de lo que se trata es de compaginar los puntos de vista de la sociedad civil con parámetros objetivos y racionales que permitan tanto a uno como al otro complementarse al momento de diseñar estrategias en la temática anticorrupción. Ese diseño tiene que nutrirse de las perspectivas tanto ciudadanas como institucionales.

Pero volvamos al meollo del asunto: preguntarle a la gente su visión particular sobre la corrupción y los mecanismos que las autoridades utilizan o dejan de utilizar para prevenirla, paliarla y contrarrestarla es algo significativo desde cualquier ángulo de examen.

La opinión de mujeres y hombres resulta particularmente importante y reviste un interés social en cuanto tal, pues son quienes en el día a día experimentan un contacto con tomadores de decisiones y funcionarios públicos.

El citado Barómetro Global de la Corrupción para el caso de México permite entrever otros tópicos destacados, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, que el 20% de los encuestados pagó algún soborno por servicios públicos en los últimos 12 meses; que al 50% se les ofrecieron sobornos a cambio de votos; que, específicamente hablando de sobornos, un 19% señala que los hubo en escuelas públicas, un 16% en clínicas públicas y centros de salud, un 25% en los documentos de identidad, un 30% en los servicios públicos, un 52% en la policía y un 35% en los jueces.

Asimismo, una cantidad considerable de actores públicos se tildan de altamente corruptos, pues un 63% coloca a la oficina presidencial en estos términos; un 65% al Congreso; un 58% a los empleados públicos; un 63% a los empleados públicos locales; un 69% a la policía; un 58% a los jueces y magistrados; un 44% a los líderes religiosos; un 44% a las organizaciones no gubernamentales; un 47% a los ejecutivos de empresas; un 45% a los banqueros; y un 36% a los periodistas.

Un dato muy revelador, si se le compara con la medición correspondiente a 2017, es que en la actualidad para un 61% el gobierno está actuando bien en la lucha contra la corrupción, a diferencia del 24% de hace dos años; por el contrario, para un 36% el gobierno está actuando mal, a diferencia del 61% del ejercicio anterior.

Y algo que pudiera parecer una obviedad -pero que al preguntarle a mujeres y hombres denota el compromiso particular que cada quien debe tener en esta gran empresa colectiva del combate frontal a la corrupción-: a la pregunta “¿las personas pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción?”, un 74% respondió que sí en 2017 y un 79% respondió lo mismo en 2019, mientras que un 13% dijo que no en 2017 y un 14% fue de la misma opinión.

Así las cosas, aunque parezca que llegamos a un lugar común, no hay que perder de vista en ningún momento que la corrupción sólo se reducirá y eventualmente eliminará como una reivindicación eminentemente ciudadana. Y el primer paso lo da la gente en su percepción de las cosas.

“Es necesario ser un mar para poder recibir una sucia corriente sin volverse impuro”.- Friedrich Nietzsche

En ocasión del Barómetro Global de la Corrupción 2019, “Opiniones y experiencias de los ciudadanos en materia de corrupción”, elaborado por Transparencia Internacional (TI) y que fue presentado en semanas pasadas –mismo que se analizó en estas mismas páginas editoriales-, se mostraron algunas cifras relevantes sobre la percepción de la corrupción.

Siendo quizá lo más destacado de todo que los mexicanos que perciben un incremento de la corrupción en nuestro país bajaron de un 61% en 2017 a 44% en 2019.

Esta es una buena noticia aunque hay que ponerla en su contexto desde el momento mismo que el Barómetro y otras mediciones como el Índice de Percepción de la Corrupción se refieren precisamente a eso: percepciones.

Las percepciones no son todo cuando se habla del combate a la corrupción pero importan y mucho. A escala regional, se asume que la corrupción es un problema compartido, pues como se lee en el documento de TI, “la mayoría de los ciudadanos sostienen que sus gobiernos no hacen lo suficiente para abordar la corrupción y que los niveles de corrupción aumentaron en los últimos 12 meses en toda la región”.

Ello se traduce, evidentemente, en una falta de crecimiento económico, en una difícil prestación de servicios públicos y en la privación de derechos humanos y dignidad. Resulta meridianamente claro que con la corrupción se conculca de manera directa una muy buena cantidad de derechos fundamentales, sin mencionar sus enormes costos no sólo económicos sino culturales, políticos y cívicos.

Además del “cómo” ve la ciudadanía esa lucha anticorrupción, también es de suma importancia el encauzamiento de instrumentos empíricos e indicadores tanto cualitativos como cuantitativos que constaten en el plano institucional los resultados de un esfuerzo de Estado por tener mejores prácticas de ética pública.

Es decir, de lo que se trata es de compaginar los puntos de vista de la sociedad civil con parámetros objetivos y racionales que permitan tanto a uno como al otro complementarse al momento de diseñar estrategias en la temática anticorrupción. Ese diseño tiene que nutrirse de las perspectivas tanto ciudadanas como institucionales.

Pero volvamos al meollo del asunto: preguntarle a la gente su visión particular sobre la corrupción y los mecanismos que las autoridades utilizan o dejan de utilizar para prevenirla, paliarla y contrarrestarla es algo significativo desde cualquier ángulo de examen.

La opinión de mujeres y hombres resulta particularmente importante y reviste un interés social en cuanto tal, pues son quienes en el día a día experimentan un contacto con tomadores de decisiones y funcionarios públicos.

El citado Barómetro Global de la Corrupción para el caso de México permite entrever otros tópicos destacados, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, que el 20% de los encuestados pagó algún soborno por servicios públicos en los últimos 12 meses; que al 50% se les ofrecieron sobornos a cambio de votos; que, específicamente hablando de sobornos, un 19% señala que los hubo en escuelas públicas, un 16% en clínicas públicas y centros de salud, un 25% en los documentos de identidad, un 30% en los servicios públicos, un 52% en la policía y un 35% en los jueces.

Asimismo, una cantidad considerable de actores públicos se tildan de altamente corruptos, pues un 63% coloca a la oficina presidencial en estos términos; un 65% al Congreso; un 58% a los empleados públicos; un 63% a los empleados públicos locales; un 69% a la policía; un 58% a los jueces y magistrados; un 44% a los líderes religiosos; un 44% a las organizaciones no gubernamentales; un 47% a los ejecutivos de empresas; un 45% a los banqueros; y un 36% a los periodistas.

Un dato muy revelador, si se le compara con la medición correspondiente a 2017, es que en la actualidad para un 61% el gobierno está actuando bien en la lucha contra la corrupción, a diferencia del 24% de hace dos años; por el contrario, para un 36% el gobierno está actuando mal, a diferencia del 61% del ejercicio anterior.

Y algo que pudiera parecer una obviedad -pero que al preguntarle a mujeres y hombres denota el compromiso particular que cada quien debe tener en esta gran empresa colectiva del combate frontal a la corrupción-: a la pregunta “¿las personas pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción?”, un 74% respondió que sí en 2017 y un 79% respondió lo mismo en 2019, mientras que un 13% dijo que no en 2017 y un 14% fue de la misma opinión.

Así las cosas, aunque parezca que llegamos a un lugar común, no hay que perder de vista en ningún momento que la corrupción sólo se reducirá y eventualmente eliminará como una reivindicación eminentemente ciudadana. Y el primer paso lo da la gente en su percepción de las cosas.