En materia económica el país enfrenta dos procesos inéditos, uno creado en las últimas dos décadas del siglo pasado y otro a partir de los efectos de la pandemia del Covid-19. El primero se refiere a la llamada “petrolización de la economía” desde el sexenio 1976-1982, cuando gracias al descubrimiento de grandes yacimientos se decidió aumentar de manera significativa la producción de petróleo crudo para su exportación, gracias al alto precio del barril en el mercado internacional, favoreciendo durante varios años -hasta 2010- la entrada de enormes cantidades de divisas a Pemex, empresa paraestatal que con un régimen fiscal severo e inflexible fue la encargada de financiar la mayor parte del gasto público, situación que generó una dependencia del ingreso presupuestal del gobierno de los recursos provenientes de la venta de petróleo.

Tal y como lo sostiene Francisco Labastida Ochoa -en interesantes conferencias dictadas en diversos foros- estas decisiones provocaron que la economía mexicana se “petrolizara” sin una apremiante necesidad, puesto que México mantenía niveles de crecimiento del 6% anual del PIB -de los años 50’s a los años 70’s- con sus propias fuerzas, con sus recursos naturales y humanos, con un proyecto de nación viable para ese período histórico, sin tener al petróleo como el principal generador del presupuesto gubernamental. La explicación del porqué el petróleo le hizo daño al desarrollo económico es que los recursos que entraron al país por ese concepto no se reflejaron en la construcción de los proyectos productivos y de infraestructura, al contrario, con los recursos en la tesorería el gobierno amplió el aparato burocrático creando nuevas plazas en todas las dependencias, acrecentando de manera desproporcionada el gasto operativo del gobierno.

Esta situación favoreció un relajamiento del sistema fiscal, a tal grado que nuestro país se ha convertido junto con Haití en los dos de más baja recaudación con 14%, mientras que el promedio de los demás países de América Latina es del 25% y los países de Europa promedian un 40%; dicha baja de ingresos tributarios se compensó durante más de 30 años con la alta producción de petróleo, período en el que el gasto público aumentó drásticamente coadyuvando a crear el rezago que padecemos. Hoy la balanza comercial de Pemex es deficitaria, ya no puede ser el sostén de las finanzas públicas, la Empresa Productiva del Estado tiene problemas de operación muy serios, el precio de mercado de la mezcla mexicana es muy baja, 30 dólares por barril, mientras que su costo de producción es cada vez más alto, además de estar operando muchos pozos que ya no son rentables.

El segundo proceso de dificultades inéditas que afrontamos es la repercusión económica del confinamiento por la pandemia; su impacto negativo en la planta productiva formal y en las fuentes informales. Crece el desempleo, se restringe el gasto familiar, las empresas y comercios carecen de recursos para enfrentar la situación, con lo que las expectativas de la economía nacional se ubican en un predecible decrecimiento de alrededor del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra significa que en país habrá 10% menos recursos económicos circulando que en el año 2019, mientras que la población sigue creciendo, provocando mayor demanda de creación de empleos. Hay más habitantes con más necesidades que cubrir, pero menos recursos, bienes y servicios, siendo la consecuencia natural de esta coyuntura el aumento de la pobreza, la violencia y la desigualdad.

Para ilustrar la seriedad de la circunstancia del país veamos estas cifras: Según el INEGI, más del 91% de las empresas se ven afectadas por los estragos económicos de la pandemia y el 90% de éstas tuvieron problemas para mantener salarios, rentas y otros gastos, viéndose en la necesidad de acudir a esfuerzos propios, ya que no tienen apoyo alguno del gobierno en medidas fiscales ni en apoyos directos suficientes que pudieran salvar o ayudarlos en el pago de nóminas, servicios e insumos para hacer menos gravoso que el paro técnico que tuvieron que afrontar.

La tarea es ardua; en lo que va del año se han perdido más de un millón de empleos formales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero lo más complicado está en la economía informal de la que dependen los ingresos de millones de mexicanos.

El gobierno aseguró que a partir de julio comenzaría la recuperación económica en el país, sin embargo prevalecen, en el mejor de los casos, las mismas condiciones difíciles para la mayoría; en empresas, en negocios y en el seno de las familias han surgido prácticas creativas para reducir gastos al máximo; se han despojado de sus ahorros para no colapsar.

No cabe duda que la esperanza de los mexicanos en un mejor mañana no tiene límite; han hecho de esta crisis sanitaria un despliegue de creatividad para salir bien librados del atolladero económico, resueltos a reactivar empleos y generar crecimiento económico.

El trabajo de los gobernantes se debe enfocar a crear un nuevo modelo de crecimiento que genere equilibrios económicos y atenúe las desigualdades sociales; por fortuna cuentan con la fortaleza de un pueblo que en episodios históricos anteriores ha demostrado que somos una sociedad que sabe salir adelante de situaciones complejas.

La duda es si el Gobierno Federal está a la altura para tomar un nuevo rumbo con decisiones admisibles ante la actual circunstancia o seguiremos viendo decisiones y proyectos intrépidos que se gestan en la ingeniosidad personal.